Por Bruno Cortés
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a que, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), fortalezca los operativos y las acciones de vigilancia sanitaria para impedir la distribución y comercialización de cigarros ilegales. La propuesta fue difundida este domingo 8 de noviembre de 2026 por la Coordinación de Comunicación Social del Senado, en el boletín 0423, y parte de una alerta: según los legisladores, en solo seis años el mercado ilícito de este producto se incrementó.
El documento, turnado a la Comisión de Salud, no se limita a un llamado general. Reparte tareas entre varias dependencias: la Secretaría de Salud y la Cofepris, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y la Fiscalía General de la República (FGR). A continuación, un repaso de lo que plantean los senadores, con los datos tal como aparecen en el boletín.
Qué piden a la Secretaría de Salud y a la Cofepris
Los senadores del PT consideraron que los operativos y la vigilancia sanitaria deben abarcar tanto los establecimientos comerciales y los mercados como los puntos de venta del comercio informal. Consideraron que las acciones deben alcanzar, además, a las plataformas digitales y a los sitios web.
Además, convocaron a que la Cofepris, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, robustezca las acciones de educación y prevención del consumo dirigidas a adolescentes y jóvenes. El propósito, indicaron, es reducir la exposición de ese sector de la población a estos productos y proteger la salud pública. En otras palabras, el exhorto combina la vigilancia de los puntos de venta con la prevención entre las personas más jóvenes.
El mercado ilícito se duplicó, advierten
El argumento central de la propuesta es numérico. Los legisladores señalaron que en seis años el mercado ilícito se duplicó. Citaron al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP): en 2017, de cada 100 cigarros que se fumaban en el país, cerca de nueve eran ilegales; en 2023, esa cifra subió a 18 cigarrillos por cada 100 de los que se consumían.
También apelaron a los decomisos como muestra de la magnitud del problema. De acuerdo con lo que afirmaron, solo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en lo que va de 2026, la Marina y la ANAM han asegurado más de 130 millones de cigarros ilegales.
Hacienda, ANAM y SAT: inspección y control de importaciones
Por lo anterior, los legisladores del PT piden que la SHCP, por conducto de la ANAM y del SAT, fortalezcan las acciones de inspección y el control de productos de importación, con el fin de evitar la entrada a territorio nacional de estos productos. Asimismo, solicitaron verificar los códigos de seguridad de las cajetillas e informar periódicamente las estadísticas consolidadas sobre los aseguramientos.
El objetivo declarado de esas medidas es combatir el contrabando y la evasión fiscal asociados a este mercado. Es decir, el punto de acuerdo no solo habla de salud, sino también de contrabando, evasión fiscal y control de las importaciones.
La FGR y las redes criminales
El tercer bloque de peticiones se dirige a la Fiscalía General de la República. Los senadores hicieron un llamado para que fortalezca las investigaciones contra las redes dedicadas a la fabricación clandestina, la falsificación, la introducción y la distribución ilegal de productos del tabaco, así como los delitos conexos. La meta, dijeron, es desarticular las estructuras criminales que sostienen su venta.
Para respaldar ese señalamiento, los legisladores indicaron que El Colegio de México documentó la participación de grupos delictivos en la importación, fabricación y distribución de cigarros ilegales e, incluso, “amenazas” a tiendas de barrio para imponerles marcas, “por lo que las ganancias se quedan en las redes criminales y las consecuencias en la sociedad”.
La advertencia sanitaria de Cofepris en mayo de 2026
En el punto de acuerdo, los senadores afirmaron que, en mayo de 2026, la Cofepris advirtió que diversas marcas entran al país sin permiso sanitario y pueden estar falsificadas o adulteradas. Añadieron que se elaboran con ingredientes desconocidos y que su combustión podría liberar químicos tóxicos.
El texto cierra con una frase contundente atribuida a los legisladores, quienes señalaron que “el mercado ilegal de cigarros es la expresión más cruda de un modelo que pone la ganancia por encima de la vida: lucra con la adicción, evade impuestos y deja los costos en los barrios y en las familias trabajadoras”.
Quiénes firman y qué sigue
El punto de acuerdo fue suscrito por el senador Alberto Anaya Gutiérrez y por las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Lizeth Sánchez García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves. Tras su presentación, quedó turnado a la Comisión de Salud del Senado, instancia que deberá analizarlo antes de que el tema llegue, en su caso, al pleno. El boletín no precisa fechas para ese trámite.
Lo que ocurra dependerá del análisis en la Comisión de Salud y de la respuesta de las dependencias a las que se dirigen las peticiones. Por ahora, lo que hay es un planteamiento del PT, con cifras atribuidas al INSP y con los aseguramientos reportados en el aeropuerto capitalino como principal evidencia.
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