Proponen duplicar penas por condición de siervo y trabajos forzados
Iniciativa del diputado Antonio Lorenzo Castro plantea hasta 40 años de prisión por trabajos forzados y destinar multas a indemnizar a víctimas.
Por Bruno Cortés
El diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal (Morena) presentó una iniciativa para duplicar las penas por los delitos de tener o mantener a una persona en condición de siervo y en trabajos forzados, además de garantizar a las víctimas atención psicológica y apoyo para su reinserción laboral, informó la Cámara de Diputados en su boletín 4880, del sábado 7 de noviembre.
Qué propone
La iniciativa reforma los artículos 12 y 22 y adiciona los artículos 69 Bis y 82 Bis de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Los cambios en las penas serían los siguientes, según el boletín:
- Condición de siervo: de 10 a 20 años de prisión y de dos mil a 40 mil días multa. Actualmente, la sanción es de 5 a 10 años de prisión y de mil a 20 mil días multa.
- Trabajos forzados: de 20 a 40 años de prisión y de 10 mil a 100 mil días multa. Hoy la pena es de 10 a 20 años de prisión y de 5 mil a 50 mil días multa.
Multas para indemnizar a las víctimas
La propuesta de artículo 82 Bis establece que, en los delitos de esclavitud, condición de siervo y trabajos forzados, previstos en los artículos 11, 12 y 22 de la ley, el monto recaudado por la multa impuesta a la persona sentenciada se destinaría a la indemnización de la víctima, con independencia de la reparación del daño.
La indemnización se calcularía con base en un salario mínimo general vigente y medio por cada mes o fracción de mes durante el cual la víctima haya permanecido en esa situación. Si la multa resultara insuficiente, la diferencia se cubriría con cargo al Fondo Federal para la Atención de Víctimas.
Atención psicológica y reinserción laboral
El artículo 69 Bis propuesto señala que las víctimas de esos delitos recibirían, durante seis meses contados a partir de su identificación o rescate, atención psicológica especializada a cargo de la Secretaría de Salud, así como orientación vocacional y apoyo para su reinserción laboral a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el ámbito de sus competencias federal o local.
Ambas dependencias coordinarían estos servicios con la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con cargo al Fondo Federal para la Atención de Víctimas.
Los argumentos
En la exposición de motivos, el legislador sostiene que la esclavitud contemporánea ha regresado a México bajo formas que ya no requieren cadenas visibles, pero que reproducen la misma lógica de dominio, despojo de la libertad y negación de la dignidad humana, y que se trata de una práctica que el crimen organizado ha incorporado a su modelo de operación territorial.
El documento cita el Índice Global de Esclavitud 2023, elaborado por la organización Walk Free, según el cual en México viven alrededor de 850 mil personas en condiciones de esclavitud moderna, sometidas a trabajo forzoso en sectores como la minería, la manufactura, el empleo doméstico y el cuidado de menores de edad. De acuerdo con la iniciativa, estas personas suelen estar privadas de seguridad social, atención médica y asesoría legal, sin salario ni descanso, y la población migrante figura entre los grupos más vulnerables.
Diferencia entre los delitos
La ley general en materia de trata distingue varias conductas. La condición de siervo se refiere, en términos generales, a situaciones en las que una persona es obligada a vivir y trabajar para otra sin poder cambiar su condición, por ejemplo por una deuda impuesta. El trabajo forzado implica obligar a alguien a realizar un trabajo mediante amenazas, violencia o coacción. Ambas conductas forman parte del catálogo de delitos que la ley busca prevenir y sancionar.
Lo que sigue
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que deberá analizarla y, en su caso, dictaminarla. Para convertirse en ley, la propuesta tendría que aprobarse en comisión, en el pleno de la Cámara de Diputados y después en el Senado de la República, antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La presentación de una iniciativa no modifica por sí misma la legislación vigente: mientras no se apruebe, siguen aplicándose las penas actuales.
Interior del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados; imagen de archivo. Foto: ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
