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Análisis y Coyuntura

Paro de transportistas: qué está en juego antes del lunes

Canacar encabeza un paro indefinido desde el lunes 26, un día antes de que el Senado vote la Ley de Ingresos. Robo, extorsión y peajes, en análisis.

Por redaccion · 24 de octubre de 2026 · Lectura de 9 min

Fila de tractocamiones con cajas blancas sin marcas estacionados en el acotamiento de una carretera, con cerros al fondo bajo un cielo despejado

Por Bruno Cortés

Si nada cambia este fin de semana, el lunes 26 de octubre miles de tractocamiones se estacionarán en los acotamientos y carriles laterales de las principales carreteras del país. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), junto con la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco), anunció el viernes un paro de transportistas nacional y por tiempo indefinido. Lo novedoso no es la protesta, sino quién la encabeza: la cámara que representa institucionalmente al sector, la misma que hace once meses se negó a sumarse a los bloqueos carreteros. A nuestro juicio, eso cambia la naturaleza del conflicto.

Qué anunciaron y cómo será el paro

De acuerdo con lo expuesto en conferencia de prensa y recogido por El Economista y El Universal, la movilización consistirá en detener unidades en carreteras, acotamientos y zonas aledañas a aeropuertos, puertos, terminales y centros de distribución, y en ocupar un carril de las vías principales. No se bloquearán casetas ni se cerrarán por completo las autopistas, aseguraron. Prevén la participación de cerca de un millón de camiones afiliados a las organizaciones convocantes, que según El Universal concentran en conjunto alrededor de 80% del autotransporte del país.

«Ante la falta de una respuesta formal y satisfactoria, anunciamos un paro nacional del autotransporte de carga a partir del próximo lunes y por tiempo indefinido. No es una decisión que tomemos con ligereza», dijo Augusto Ramos Melo, presidente nacional de la Canacar. El dirigente pidió la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, a la vez que se declaró aliado del Plan México.

No todo el gremio va en bloque. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) confirmó a Expansión que no participará en esta ocasión. La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) expresó su respaldo, pero condicionó su participación directa a que se confirme una convocatoria nacional «real, formal y coordinada», según Al Calor Político.

Lo que exige el sector

La lista de reclamos es amplia. Ramos Melo enumeró inseguridad, extorsiones, cobro de piso, carreteras deficientes, sobrerregulación, reducción de estímulos fiscales y una presión económica que, dijo, compromete la operación de miles de empresas. En lo concreto, de acuerdo con El Universal, la Canacar pide cambiar la estrategia de seguridad en carreteras, abrir interlocución con autoridades estatales y municipales por extorsiones y detenciones que considera injustificadas, atender autopistas en mal estado que «no compensan» lo que se paga de peaje y ampliar la cobertura de los seguros de las autopistas para que el permisionario reciba un pago cuando una unidad robada no se recupera.

Hay, además, un reclamo fiscal con fecha de vencimiento. La Ley de Ingresos de la Federación 2027, aprobada por la Cámara de Diputados, reduce de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para que una empresa pueda acreditar hasta 50% de lo que paga en autopistas de cuota contra su Impuesto sobre la Renta, como detallamos en nuestra nota sobre el recorte al estímulo fiscal en peajes. La Canacar propuso subir el tope a 420 millones para compensar la inflación, mantener los 300 millones vigentes o abrir el beneficio de forma proporcional. Ninguna de las tres opciones prosperó en San Lázaro.

El calendario explica la presión

Nuestra lectura es que la fecha del paro no es casual. Las comisiones unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado aprobaron el 21 de octubre la Ley de Ingresos 2027 sin cambios respecto de la minuta de Diputados, con 18 votos a favor y 11 en contra al sumar ambas comisiones, según el comunicado del propio Senado citado por la prensa. El presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez, anticipó que el pleno podría discutir el paquete fiscal el martes 27 y que la votación «no pasa del miércoles», como reportamos en la nota sobre el calendario del Paquete Fiscal en el Senado.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria fija el 31 de octubre como fecha límite para que el Senado apruebe la Ley de Ingresos. Si la Cámara alta modificara la minuta, el texto tendría que regresar a Diputados. Dicho de otro modo: el paro arranca un día antes de que se vote la ley que contiene el tope a los peajes. A nuestro juicio, el sector apuesta a que la presión en las carreteras pese en una votación que la mayoría oficialista, hasta ahora, ha decidido no tocar.

Un giro respecto de noviembre de 2025

El antecedente inmediato ayuda a medir el cambio. El 24 de noviembre de 2025, la ANTAC y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano realizaron bloqueos en varias entidades. Entonces, la Secretaría de Gobernación agradeció públicamente a organizaciones como Canacar, Conatram, Fematrac, Hamotac, Amtac, Indeco y Amotac por no sumarse, al considerar que el diálogo institucional avanzaba. Al día siguiente, la presidenta Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina: «No hay necesidad de bloquear las carreteras si hay mesas de diálogo».

Hoy varias de esas mismas organizaciones son las convocantes. Para Carlos García, presidente de la Hamotac, las demandas no son nuevas para la autoridad y en los últimos meses hubo reuniones sin respuestas satisfactorias, según El Economista. Ramos Melo fue más directo: «Nosotros estamos buscando soluciones y soluciones no son mesas de trabajo, son respuestas concretas y respuestas que den un resultado», citó La Razón. Interpretamos que el argumento oficial de 2025 —para qué protestar si hay mesas— perdió fuerza ante quienes entonces lo aceptaron.

La respuesta de Gobernación, por ahora, repite la fórmula. En un posicionamiento difundido el viernes, la dependencia señaló: «Reconocemos sus preocupaciones y reiteramos que existen canales institucionales para atender sus planteamientos y construir acuerdos mediante mesas de trabajo con las autoridades competentes», y llamó a evitar afectaciones a la ciudadanía. El Economista reportó que, al terminar la conferencia de los transportistas, se presentó un representante de Segob para buscar iniciar el diálogo. Hasta la mañana de este sábado no se había informado de un acuerdo.

Los números del robo: menos denuncias, mismo malestar

Aquí aparece la paradoja más interesante. Las cifras oficiales muestran una baja. Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), un análisis de TResearch difundido por UnoTV contabiliza 3,646 denuncias por robo a transportista entre enero y septiembre de 2026, 21% menos que en el mismo periodo de 2025; solo en septiembre fueron 414, casi 14 al día. Milenio, con la misma fuente, reportó que entre enero y agosto hubo 3,233 casos, frente a 4,066 en 2025 y 5,356 en 2024. Del total de 2026, 76.7% fue con violencia, y el Estado de México (49.2%) y Puebla (23.6%) concentraron casi tres de cada cuatro denuncias.

Los registros del propio sector también bajan, aunque menos. Alberto Cerón, jefe de Seguridad e Inteligencia de la Canacar, dijo a Milenio que sus incidentes pasaron de 6,096 a 4,950 en un año, una caída de 17%, y aclaró que ese conteo incluye extorsión y secuestro, no solo robo de mercancía.

¿Por qué, entonces, el paro? A nuestro juicio, por tres razones que los datos oficiales no capturan bien. Primero, la denuncia es incompleta: el mismo Ramos Melo reconoció en octubre que algunos transportistas prefieren intentar recuperar su unidad por los canales de la Canacar antes de presentar una denuncia formal, porque una unidad recuperada tras una denuncia puede pasar meses a disposición de la autoridad. Segundo, la extorsión y el cobro de piso no aparecen en la estadística de robo a transportista. Tercero, el costo no se mide solo en eventos: para un empresario con dos camiones, una unidad detenida equivale a la mitad de sus ingresos, como planteó el propio dirigente. Una baja porcentual no alivia por sí sola a quien sigue invirtiendo en monitoreo, rastreo y ciberseguridad, como describió la propia cámara.

Cuánto puede costar

Las estimaciones de impacto conviene leerlas con cautela, porque provienen de las partes. Carlos García, de la Hamotac, calculó pérdidas de hasta 21 mil 500 millones de pesos diarios, según La Razón. El 16 de octubre, en cambio, la Canacar había estimado en 7 mil millones de pesos diarios la afectación de una detención de operaciones. La distancia entre ambas cifras, de tres a uno, muestra que falta una medición independiente: no encontramos una estimación oficial.

Dan dimensión los volúmenes que citó Ramos Melo: 1.6 millones de toneladas de mercancías movidas por carretera cada día y unos 21 mil cruces fronterizos diarios con Estados Unidos, equivalentes a 1,800 millones de dólares en intercambio comercial. Nuestra lectura: aun si el paro es parcial y no hay cierres totales, bastaría con que se frenen algunos corredores clave —el Estado de México con Querétaro, Puebla y Veracruz, o los accesos a puertos y aduanas del norte— para generar retrasos en cadena en manufactura, comercio y abasto de perecederos.

Tres escenarios para la próxima semana

Análisis propio. En el primer escenario, el más deseable, Gobernación y Hacienda ofrecen antes del lunes un compromiso concreto sobre el estímulo a peajes o una mesa de seguridad con fechas y responsables, y el paro se pospone o se reduce a una jornada simbólica. El obstáculo: el Senado ha mostrado poca disposición a modificar la minuta.

En el segundo, el paro arranca con adhesión desigual: fuerte en los corredores del centro y del Bajío, débil donde Amotac o ANTAC no se sumen, y se negocia a lo largo de la semana, en paralelo con la votación del martes o el miércoles. Es, a nuestro juicio, el escenario más probable.

En el tercero, el Senado aprueba la Ley de Ingresos sin cambios, el sector endurece la protesta y el conflicto se prolonga. Ahí el costo dejaría de ser solo logístico y se volvería político.

Qué significa para ti

Si viajas por carretera el lunes, conviene revisar los avisos de Capufe y de la Guardia Nacional antes de salir y considerar más tiempo de traslado, sobre todo en los accesos a las zonas metropolitanas. Si tienes un negocio que depende de surtido diario, vale la pena anticipar pedidos de esta semana.

Para el consumidor, el riesgo de fondo no es el desabasto inmediato, que dependerá de la duración del paro, sino el costo: si el transporte se encarece por seguros, extorsiones o menos estímulos fiscales, ese gasto suele terminar en el precio final. Es una advertencia del sector, no una proyección oficial.

Lo que falta por saber

Quedan tres preguntas abiertas: si Gobernación convoca a una reunión con capacidad de decisión antes del lunes, cuántas organizaciones más se suman o se deslindan, y si en el Senado aparece alguna reserva sobre el tope de los peajes. De esas respuestas dependerá si el lunes las carreteras amanecen con camiones en los acotamientos o con un acuerdo sobre la mesa.

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