Gobierno aclara quiénes pueden ser candidatos bajo investigación
El Gobierno aclaró que estar bajo investigación no impide automáticamente competir por la Presidencia o una gubernatura.
Por Juan Pablo Ojeda
El Gobierno de México aclaró los supuestos en los que una persona puede ser candidata a la Presidencia o a una gubernatura aun cuando enfrente una investigación judicial, en medio de la polémica por las aspiraciones de Francisco García Cabeza de Vaca.
La explicación surgió después de que la presidenta Claudia Sheinbaum reconociera que se había equivocado al afirmar que una persona con una orden de aprehensión no podía ser candidata a la Presidencia.
De acuerdo con la revisión del marco constitucional, estar bajo investigación no implica automáticamente la pérdida del derecho a competir por un cargo de elección popular.
La situación cambia cuando existe una sentencia firme o se actualiza alguno de los supuestos establecidos expresamente por la Constitución para suspender los derechos político-electorales de una persona.
En el caso de Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas ha manifestado su intención de buscar la candidatura presidencial rumbo a 2030, pese a los procesos y señalamientos que existen en su contra.
La discusión también se relaciona con el requisito de residencia, debido a que Cabeza de Vaca permanece fuera de México desde hace varios años, situación que podría representar un obstáculo para sus aspiraciones.
El Gobierno federal también ha impulsado una iniciativa para modificar los requisitos relacionados con la doble nacionalidad para quienes pretendan competir por la Presidencia, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La propuesta plantea que quienes aspiren a esos cargos no tengan otra nacionalidad al momento de solicitar su registro como candidatos, con el argumento de garantizar que quienes ocupen esas responsabilidades tengan una sola nacionalidad.
El debate sobre los requisitos para ser candidato continuará en el Congreso, mientras la situación de Cabeza de Vaca mantiene abierta la discusión sobre los límites entre una investigación judicial y la suspensión de los derechos políticos.
