Cuota del 2% a celulares y laptops: qué implica el «canon digital»

Por Bruno Cortés

El Gobierno de Claudia Sheinbaum pidió a importadores y comercializadores prepararse para una cuota del 2% sobre dispositivos electrónicos capaces de almacenar o reproducir obras —celulares, computadoras, tabletas, pantallas, memorias USB y equipos similares—, según reportó este lunes El País. No se trata de un impuesto ya aprobado ni de una medida vigente: forma parte de una propuesta de reforma al reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA). El cobro, de avanzar, iría a titulares de derechos, no al erario. Para el consumidor, la pregunta práctica es otra: si esa remuneración se traslada al precio de lista, ¿cuánto más costará el siguiente teléfono o laptop?

Qué es la copia privada y por qué vuelve ahora

La llamada remuneración compensatoria por copia privada —conocida en el debate público como «canon digital» o, en tono más crítico, «moche digital»— busca compensar a autores, intérpretes y titulares por la reproducción de obras para consumo privado sin fines de lucro. Según el mismo reportaje de El País, firmado por Eyanir Chinea, México reconoció ese derecho en la LFDA desde 1997; el mecanismo concreto, sin embargo, lleva cerca de tres décadas en disputa.

Dato: no es un cobro nuevo en el papel. Es un derecho pendiente de instrumentación. Interpretación: lo que cambia en 2026 no es la existencia del derecho, sino la vía elegida para hacerlo efectivo —una reforma reglamentaria impulsada desde la administración, sin pasar por el Congreso— y el momento político en que se reactiva, con el Gobierno pidiendo a la cadena comercial que se prepare.

Cómo se cobraría, según el proyecto

De acuerdo con un extracto del proyecto citado por El País, la obligación de pago correspondería a quien comercialice o importe los dispositivos. El cobro se efectuaría por dispositivo, al primer acto de comercio o importación, y la remuneración se pagaría una sola vez por cada unidad. En otras palabras: no sería un abono recurrente del usuario final ante el Estado, sino un cargo al importador o al comercializador en el primer eslabón formal de la cadena.

El mismo reportaje señala que se prevé una comisión de supervisión integrada por la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), sociedades de gestión colectiva y cámaras de la industria. También se contemplan exenciones para exportación, sector público y usos industriales o profesionales. Interpretación: el diseño busca concentrar el cobro en el mercado de consumo y excluir canales donde el dispositivo no se vende como bien de uso privado; si esas excepciones se aplican con claridad, el impacto se acota; si quedan ambiguas, la industria disputará cada frontera.

Quiénes impulsan y quiénes alertan

En reportes de agosto de 2026, El Imparcial, El CEO y El Economista atribuyeron el impulso a la Secretaría de Cultura, al Indautor y a la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM). La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, ha dicho que «no es ningún impuesto», sino hacer efectivo un derecho —el de remuneración compensatoria vinculado al artículo 40 de la LFDA—, según esas mismas coberturas.

Del lado de quienes defienden la medida, Mauricio Jalife, presidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), la describió ante El País como el cumplimiento de un derecho pendiente desde 1997, instrumentado vía reglamento sin pasar por el Congreso, y enfatizó que no es un impuesto porque no va al erario. Jalife estimó una recaudación de alrededor de 2 mil millones de pesos anuales —unos 108 millones de dólares— y advirtió, al mismo tiempo, el traslado a consumidores y un posible impacto inflacionario. Esa cifra de 2 mil millones es una estimación de un actor del debate, no un dato oficial del Gobierno publicado en el mismo reportaje; conviene leerla como proyección de un interesado en el tema, no como proyección fiscal de Hacienda.

El precedente que ya falló en Diputados

En 2021 un intento legislativo sobre esta materia fue desechado en la Cámara de Diputados con 292 votos en contra, de acuerdo con coberturas de El Imparcial, El CEO y El Economista. Ahora el camino es administrativo: reforma al reglamento. El País aclara que el proyecto debe pasar todavía por la Consejería Jurídica, un análisis costo-beneficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el visto bueno de la presidenta.

Interpretación: la vía reglamentaria acelera el trámite frente a una iniciativa de ley, pero también concentra el riesgo político en el Ejecutivo. Si la industria y los consumidores perciben el cobro como un «impuesto disfrazado», el costo reputacional no lo paga un Congreso dividido: lo paga la propia administración que lo instrumenta. Por eso no es menor el mensaje de que «aún falta» Consejería, SHCP y la firma presidencial.

Qué pasaría con el bolsillo y los precios

Si el cobro recae en el primer acto de comercio o importación, la lógica económica básica dice que una parte —o toda— puede trasladarse al precio al público. Jalife lo advirtió de forma explícita al hablar de impacto inflacionario. No hay, en las fuentes citadas, un cálculo oficial de cuántos puntos de inflación aportaría la cuota del 2%, ni una tabla de precios por tipo de dispositivo. Lo que sí hay es un marco claro: el cargo se paga una sola vez por unidad, no cada mes.

Para quien compra un celular de 8 mil pesos, un 2% equivale a 160 pesos; en una laptop de 20 mil, a 400. Esos ejemplos son aritmética simple sobre el porcentaje anunciado, no una tabla oficial de precios. El efecto real dependerá de si el comercializador absorbe parte del costo, de si hay competencia que limite el traslado y de cómo se definan las exenciones. En un país donde muchas decisiones públicas se sienten primero en el ticket de compra —como hemos documentado al explicar por qué las medidas de gobierno terminan en el bolsillo—, cualquier cargo nuevo sobre bienes de uso masivo entra de inmediato al debate de poder adquisitivo.

Riesgos: doble cobro, adopción tecnológica y vía reglamentaria

Las críticas recurrentes, recogidas en las coberturas de agosto, apuntan a tres frentes. Primero, el doble cobro: el usuario ya paga por streaming y por plataformas de contenido, y ahora enfrentaría un cargo adicional embebido en el hardware. Segundo, el impacto en la adopción tecnológica: encarecer celulares, tablets y computadoras puede retrasar la renovación de equipos en hogares y microempresas. Tercero, el procedimiento: instrumentar por reglamento lo que en 2021 no pasó por Diputados abre la discusión sobre legitimidad democrática del cobro, aunque el Gobierno y AMPPI sostienen que solo se hace efectivo un derecho ya reconocido en la ley.

El País recuerda que hay precedentes en al menos 51 países, entre ellos España e Italia, con modelos que varían. Ese dato sirve para relativizar el «único caso mexicano», pero no resuelve el diseño local: qué dispositivos entran, quién cobra, cómo se reparte entre sociedades de gestión y qué auditoría garantiza que el dinero llegue a titulares y no se quede en costos administrativos. En un ecosistema donde la cultura digital y la autoría ya se reconfiguran con inteligencia artificial, plataformas y nuevos formatos, el canon por dispositivo físico llega tarde al debate y, a la vez, toca un mercado que sigue creciendo.

Tres escenarios para las próximas semanas

Escenario uno: el proyecto avanza con el visto bueno de Consejería, SHCP y la presidenta, y la cuota del 2% se instrumenta con las exenciones anunciadas. El cobro se ve en precios de lista; la discusión se mueve a la distribución de recursos entre titulares.

Escenario dos: Hacienda o la Consejería frena o modifica el porcentaje, la lista de dispositivos o el calendario, tras el análisis costo-beneficio. El Gobierno mantiene el discurso de «hacer efectivo un derecho», pero diluye el impacto inmediato.

Escenario tres: la presión de importadores, cámaras y opinión pública revive el rechazo de 2021, aunque ahora sin votación en el pleno. El reglamento se congela o se archiva de facto. Interpretación: los tres escenarios son posibles porque, a día de hoy, la medida sigue siendo proyecto, no norma publicada.

Qué significa para el lector

Hoy no se le está cobrando el 2% a nadie en la caja. Lo que sí hay es una señal clara del Ejecutivo a importadores y vendedores: prepárense. Si usted planea comprar un teléfono, una tablet o una computadora en los próximos meses, conviene seguir tres cosas: si el reglamento se publica en el Diario Oficial, si el 2% aparece desglosado o absorbido en el precio, y si las exenciones para usos profesionales o institucionales se aplican de forma verificable. Mientras tanto, lo responsable es no confundir proyecto con impuesto vigente, ni estimación de AMPPI con cifra oficial de recaudación.

La tensión de fondo es antigua: compensar a quien crea contenido en un entorno donde copiar es fácil, sin castigar de más a quien solo quiere un dispositivo para estudiar, trabajar o comunicarse. México lleva casi 30 años con el derecho en la ley y sin mecanismo estable. El anuncio de esta semana no cierra esa disputa; la reabre con un número concreto —el 2%— y con la pregunta que más importa en la calle: ¿quién termina pagándolo?