Marcha por el agua en Guadalajara se suspende por encapuchados

Por Juan Pablo Ojeda

La segunda marcha por el agua en Guadalajara fue suspendida la tarde de este domingo 18 de octubre, luego de que grupos de personas encapuchadas detonaran cohetes y artefactos de fabricación casera, lanzaran al menos una bomba molotov y dañaran comercios en las calles cercanas al recorrido. Miles de personas habían salido a exigir agua de calidad para la zona metropolitana, justicia para los detenidos de la protesta anterior y sanciones por los abusos policiacos del 11 de octubre.

De acuerdo con la cobertura en vivo de El Informador, fue el propio equipo de seguridad organizado por las y los convocantes el que, alrededor de las 12:50 horas, decidió detener la movilización que tenía como destino el Palacio de Gobierno. Los manifestantes aseguraron haber identificado y replegado al menos a cinco grupos distintos que llevaban palos, bates e incluso martillos, a quienes señalaron como responsables de las detonaciones.

La concentración comenzó a las 11:00 horas en el Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, y media hora después arrancó la caminata de alrededor de un kilómetro hacia el Centro Histórico, según informó UnoTV. El medio reportó que, tras las primeras explosiones, buena parte del contingente se negó a avanzar por considerar que no había condiciones de seguridad y permaneció en avenida Juárez y Federalismo. Hasta el corte de esa información no se habían reportado personas lesionadas.

Qué pasó en la marcha por el agua de este domingo

Antes de los incidentes, varios asistentes pidieron a quienes llevaban el rostro cubierto que se descubrieran o que se colocaran al final de la columna. Las detonaciones provocaron fuertes estruendos y polvo con olor a pólvora, y después el grupo se dispersó hacia calles aledañas. El Informador documentó pintas y daños en negocios rumbo al Paseo Alcalde. La identidad de las personas encapuchadas y si hubo detenciones por estos hechos quedan pendientes de confirmar por las autoridades.

El gobierno estatal colocó vallas metálicas alrededor de Casa Jalisco, el punto donde ocurrió la represión de la semana pasada, y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) mantuvo cerrados los accesos de las estaciones Guadalajara Centro, de la Línea 3, y Plaza Universidad, de la Línea 2, aunque el servicio de ambas líneas siguió operando con normalidad.

Las demandas de la convocatoria fueron cuatro: mejoras en el suministro y la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara, justicia para las personas detenidas en la protesta del 11 de octubre, sanciones por los presuntos abusos policiales y la promoción de la revocación de mandato del gobernador Pablo Lemus.

CNDH pidió evitar el uso innecesario de la fuerza

Horas antes del arranque, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a las autoridades de Jalisco y del municipio de Guadalajara para proteger la libertad de expresión y evitar actuaciones de fuerza innecesaria como las observadas el día 11, que el propio gobernador reconoció. El organismo ya había atraído el caso de la represión en la primera marcha.

Según informó Infobae, la CNDH mantiene personal en la entidad desde el 13 de octubre y abrió el expediente CNDH/5/2026/8529/Q por presuntas detenciones arbitrarias, violencia contra manifestantes y la participación coordinada de policías estatales, municipales, bomberos y personas vestidas de civil. Con base en testimonios de los detenidos, que según la fiscalía estatal fueron 32, el organismo investiga si Casa Jalisco funcionó como espacio de operación durante el despliegue; esa versión no ha sido confirmada.

La Comisión también pidió aplicar el Protocolo de Estambul para esclarecer lo ocurrido mientras las personas estuvieron bajo custodia, y mencionó el caso de un estudiante de Derecho con una fractura en las cervicales que requiere atención especializada urgente.

Los pendientes tras la represión del 11 de octubre

En la primera megamarcha, elementos de seguridad dispersaron a los manifestantes frente a Casa Jalisco con chorros de agua y gas lacrimógeno. Las cifras de personas retenidas difieren según el medio, pues UnoTV habló de unas 39 y la fiscalía estatal de 32. El 16 de octubre, el Poder Judicial de Jalisco vinculó a proceso a cuatro de ellas, que enfrentarán su causa en libertad, mientras que el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y la Red TDT exigen retirar las imputaciones por considerarlas una criminalización de la protesta.

Tras las críticas, Lemus afirmó que le tocaba “dar la cara” por la violencia policial, y la Secretaría de Seguridad estatal anunció investigaciones contra 17 agentes; días después, esos policías fueron separados de sus funciones. El tema también escaló al ámbito federal, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera explicar el operativo.

Hasta el cierre de esta edición, el gobierno de Jalisco no había emitido un posicionamiento oficial sobre la suspensión de la marcha ni un saldo de daños, por lo que esa información queda pendiente. Los colectivos convocantes tampoco habían anunciado una nueva fecha de movilización.