INE multa a partidos; Sheinbaum debe explicar su respaldo a Taddei

Por Bruno Cortés
Información y análisis político

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó el 5 de noviembre de sanciones por un millón 177 mil 695 pesos contra partidos políticos, organizaciones y proveedores, después de resolver 18 procedimientos de fiscalización, diez de ellos fundados. El anuncio acredita actuaciones del organismo frente a infracciones de otros sujetos, mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga las contrataciones internas del instituto. Son ámbitos de fiscalización distintos. Frente al llamado de Claudia Sheinbaum a mirar hacia administraciones anteriores, la exigencia sigue siendo la misma: esclarecer los hechos de la gestión de Guadalupe Taddei y explicar el respaldo político que recibió, sin diluir responsabilidades.

Las multas del INE tienen destinatarios concretos

El comunicado 484 del INE menciona sanciones al PAN, Morena, PAZ y PRI, a la organización México Tiene Vida y a proveedores que incumplieron el Reglamento de Fiscalización. No presenta el desglose individual de los montos.

Las irregularidades incluyen gastos no reportados, aportaciones prohibidas, omisiones en la rendición de cuentas, reportes no veraces de operaciones y falta de respuesta a requerimientos de información. También se sancionaron conductas relacionadas con aportaciones en especie a organizaciones que buscaban constituirse como partidos nacionales.

Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, sostuvo que una supervisión adecuada fortalece la confianza ciudadana y la rendición de cuentas. Ese principio también debe exigirse al funcionamiento interno del instituto: la autoridad que revisa el dinero de los partidos tiene que explicar cómo contrata, paga y controla a sus propios proveedores.

Estas multas no son una sanción contra Taddei ni una resolución sobre los contratos investigados por la ASF. Confundir ambos asuntos permitiría presentar la actividad fiscalizadora ordinaria como una respuesta a una controversia diferente. El comunicado tampoco identifica a los proveedores sancionados como las mismas empresas del mapa difundido por la Auditoría.

Lo que la ASF documenta y lo que falta acreditar

Las láminas de la ASF del 5 de noviembre describen relaciones entre empresas proveedoras y personas vinculadas con el INE. Entre ellas aparecen Corporativo ZEG, Cajas Graf, Formas Finas y Seriplast. El material identifica a Jonathan N. como extrabajador del instituto y apoderado de ZEG, y reporta percepciones por 601 mil 751.04 pesos entre mayo de 2025 y marzo de 2026.

La propia ASF presenta esas conexiones como indicios para profundizar en las contrataciones y determinar posibles conflictos de interés, prácticas indebidas o responsabilidades. Existe materia para investigar. La gráfica, por sí sola, no acredita un delito, que esas percepciones sean ilícitas ni la responsabilidad individual de Taddei o de cada persona relacionada.

Taddei negó tener proveedores favoritos y expresó su disposición a colaborar. Esa respuesta debe constar, pero no reemplaza la revisión de contratos, declaraciones de intereses, autorizaciones y posibles omisiones de control. La cercanía de colaboradores y proveedores merece explicaciones documentadas, no absoluciones políticas ni condenas anticipadas.

La ASF también anunció una revisión histórica de adquisiciones de 2000 a 2025 y reportó indicios de irregularidades anteriores. Ese anuncio impide afirmar que no existe ninguna línea de investigación sobre el pasado. Lo que las dos gráficas examinadas no hacen es individualizar una conducta ilícita de Lorenzo Córdova u otro antiguo titular. La continuidad de un proveedor permite seguir una pista; no transmite automáticamente la culpabilidad entre administraciones.

El respaldo de Sheinbaum también merece rendición de cuentas

El 4 de abril de 2023, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum celebró públicamente la llegada de Taddei y su discurso de austeridad. Escribió: “¡Qué diferencia! Guadalupe Taddei en su primera declaración habla de austeridad”, según la publicación recuperada por Infobae. Hubo, por tanto, un respaldo político comprobable.

El 29 de octubre de 2026, la presidenta reconoció que había celebrado su austeridad, sostuvo que nadie debía defender irregularidades y pidió que se determinaran responsabilidades. También recordó que Taddei fue elegida mediante insaculación en la Cámara de Diputados. El nombramiento no fue una facultad presidencial; el elogio público sí fue una decisión política propia.

El 5 de noviembre, Sheinbaum afirmó que el entramado de proveedores no comenzó con Taddei y se fortaleció durante la gestión de Córdova. Como tesis política, ese desplazamiento exige escrutinio: ampliar el periodo investigado no responde por sí mismo a las preguntas sobre las decisiones tomadas durante la gestión bajo cuestionamiento.

El giro hacia el pasado puede funcionar como una cortina de humo si sirve para diluir las explicaciones pendientes sobre Taddei y el aval político que recibió. Ese es nuestro cuestionamiento editorial, no una afirmación de que exista un plan clandestino demostrado. Sheinbaum debe explicar por qué presentó aquella gestión como un cambio virtuoso y cómo sostiene hoy una exigencia de rendición de cuentas sin seleccionar culpables por conveniencia política.

El respaldo público no prueba participación en contratos ni responsabilidad penal de la presidenta. Sí permite exigirle coherencia política. Desmarcarse después del escándalo no borra el elogio anterior, del mismo modo que haber elogiado a alguien tampoco demuestra complicidad en sus posibles infracciones.

La división de poderes obliga también a la presidenta

Los artículos 49 y 79 de la Constitución fijan la división de poderes y la autonomía técnica y de gestión de la ASF, ubicada en el ámbito de la Cámara de Diputados. La presidenta puede opinar, aportar información y pedir esclarecimiento. Carece de una facultad para ordenar conclusiones a la Auditoría o sustituir la acreditación de responsabilidades con el discurso de una conferencia.

Un exhorto no demuestra por sí solo una invasión jurídica de competencias. La intromisión que cuestionamos consiste en intentar imponer desde el Ejecutivo una lectura de culpabilidades que corresponde establecer mediante procedimientos independientes. Si el pronunciamiento se convierte en dirección efectiva de una investigación ajena a sus atribuciones, rebasa el límite constitucional. Ganar la Presidencia no otorga mando sobre todos los órganos del Estado.

La ASF puede investigar hechos anteriores por las vías legales correspondientes. El artículo 66 Bis de la ley de fiscalización, incorporado en mayo de 2026, prevé investigaciones por presuntas faltas administrativas graves independientemente del ejercicio fiscal. Una cuenta revisada no produce inmunidad universal; tampoco autoriza a desconocer la prescripción o los efectos de resoluciones previas. Como explicamos en nuestro análisis sobre el caso Taddei y los límites de la intervención presidencial, cada responsabilidad requiere sustento propio.

La investigación histórica será útil si entrega pruebas nuevas y responsabilidades precisas. Se volverá una caja china política si acaba desplazando los hechos verificables del presente. La ciudadanía necesita conocer quién autorizó cada contratación, qué controles fallaron y qué consecuencias proceden. Esas respuestas deben salir de los expedientes, aunque incomoden a quienes antes otorgaron su confianza.

Sesenta oficinas para el proceso electoral

En otro punto de la sesión, el Consejo General aprobó 60 oficinas municipales en 21 entidades y 44 distritos electorales federales para el Proceso Electoral Concurrente 2026–2027. Apoyarán la capacitación, las notificaciones, la distribución de documentación y materiales, y el traslado de paquetes electorales, especialmente en zonas alejadas. La consejera Norma De La Cruz Magaña destacó su utilidad para acercar las tareas operativas a esos territorios.

Imagen de portada: ilustración del archivo de Maya Comunicación.