La vergüenza del fuero, la bata en la calle y el río sin firma

La Jabalinada / Bruno Cortés

El poder en México tiene una habilidad que ya quisieran los químicos: limpiar con palabras. Este lunes, en el Senado, se anunció que la corrupción se lavará con aguarrás. En Palacio se admitió que un convenio presumido con bombo nunca se firmó. Y en Reforma, una columna de batas blancas caminó para recordar que el detergente no llega a los hospitales. Tres escenas, un mismo producto de limpieza: el discurso.

Empecemos por el Senado. Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva, recibió del diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar un paquete de reformas anticorrupción: un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, cambios a la Auditoría Superior de la Federación, fiscalías rediseñadas, delitos actualizados en el Código Penal y, el plato fuerte, quitar la inmunidad procesal a legisladores y funcionarios. La iniciativa de Ramírez Cuéllar distingue entre la inviolabilidad parlamentaria, que protege lo que se dice en tribuna, y la declaración de procedencia, que es el fuero de verdad. La primera se queda. La segunda se iría.

Las frases fueron mejores que el calendario. «Para mí, es una vergüenza nacional seguir teniendo fuero», dijo Ramírez Cuéllar, que habló de una «especie de estampida para conquistar esta inmunidad procesal». Higinio Martínez no se quedó atrás: «No es con Vel Rosita, es con aguarrás». Según La Política Online, también dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción «no sirve para nada», propuso un tribunal de cuentas que no dependa del gobierno federal y admitió que consejeros electorales y contralores han salido de «cuotas» entre partidos. Lo dijo el presidente del Senado. No un columnista amargado.

Ahora el calendario. No hay dictamen ni votación. Hay mesas de trabajo con universidades, empresarios y especialistas, un posible periodo extraordinario, quizá en enero, y la promesa de fundirlo todo con las cerca de 19 iniciativas anticorrupción que, según Ramírez Cuéllar, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Traducción jabalí: el aguarrás ya se compró, pero sigue en la bolsa del súper. Y el fuero no se ha ido a ningún lado; se discute en el mismo edificio donde se cobra.

Nadie dice que la propuesta sea mala. Quitar el fuero es una vieja deuda democrática y el diagnóstico de Higinio Martínez es de los más honestos que se han oído en la 4T. Lo que discuto es la coincidencia. El paquete llega cuando Guadalupe Taddei ya salió del INE y los escándalos le salpican a todos, y a unos meses de que arranquen las campañas de la elección intermedia de 2027. Cuando el discurso anticorrupción coincide con la temporada electoral, el ciudadano tiene derecho a preguntar si viene la limpieza o nomás el olor a limpio.

Segundo escenario: la calle. Mientras en el Senado se hablaba de aguarrás, trabajadores activos y jubilados del IMSS salieron del Centro Médico Nacional Siglo XXI rumbo al Zócalo, con escala frente al Senado. Es su cuarta marcha en menos de un mes. Empezaron en octubre pidiendo 10% de aumento directo al tabulador, contra el 6.8% global que aprobó su sindicato. El IMSS subió la oferta a 8%. Pero hoy la exigencia central es otra: la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, y un Congreso Nacional Extraordinario para renovar la dirigencia.

El pliego petitorio tiene siete puntos y ninguno es un capricho: abasto de insumos y equipo médico, respeto al contrato colectivo, jubilación digna, alto a la precarización y fin a la intimidación y las represalias sindicales. La CNTE se sumó y en Monterrey hubo protesta frente al Hospital de Ginecología 23. No conocemos la versión de Olivos sobre cada acusación y la vida interna de un sindicato no se decide por gritos en Reforma. Pero cuando quienes atienden partos y urgencias marchan cuatro veces en un mes, el problema ya no es de estatutos: es de salud pública.

Tercer escenario, el del agua envenenada. En la mañanera, la presidenta fue cuestionada sobre el acuerdo con Grupo México para reparar el río Sonora, donde en agosto de 2014 se derramaron 40 mil metros cúbicos de residuos con metales pesados. La respuesta fue de antología: «No está firmado». Y luego: «Se obligó, como era la ley, a que dieran mil 500 millones», para un hospital, una clínica toxicológica, plantas potabilizadoras y saneamiento. «Fue un acuerdo que se tomó, pero relacionado con la remediación». Y para cerrar: «No hay nada firmado con ellos en particular».

El problema es la memoria. El 29 de diciembre de 2025, el gobierno presentó el Plan Integral de Justicia Ambiental y Social para el Río Sonora y, según El Imparcial, dio a conocer la firma de un convenio. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, habló entonces de una bolsa de 2 mil 222.6 millones de pesos, 70% a cargo de Grupo México. Los Comités de Cuenca Río Sonora calculan que los mil 500 millones de la empresa equivalen a 7.5% de los 20 mil millones en que el propio Estado cuantificó el daño, y cuando pidieron el convenio por transparencia, Gobernación les respondió con la «inexistencia administrativa» del documento.

Conviene la salvedad. Que no exista un papel firmado no significa que el dinero no se esté usando; la presidenta asegura que sí, y ojalá lo demuestre con obras y análisis del agua. Pero la Suprema Corte, en el amparo en revisión 640/2019, ya dijo que no se puede decidir la remediación a puerta cerrada con la minera y a espaldas de las víctimas. Doce años después, las comunidades siguen pidiendo lo mismo: ver el contrato. Un convenio que nadie firmó no se puede incumplir. Qué cómodo.

La Jabalinada es esta: el poder anuncia limpiezas que no empiezan, presume acuerdos que no existen y tolera liderazgos que sus propios agremiados ya no reconocen. No eliminar el fuero, sino abrir mesas. No firmar con la minera, sino confiar en su palabra. No escuchar a las batas blancas, sino esperar a que se cansen. El aguarrás existe. Falta que alguien destape la botella.

P.D. El récord y la letra chica. En la misma mañanera, Sheinbaum presumió que octubre cerró con 23 millones 88 mil 353 puestos de trabajo afiliados al IMSS, «la cifra máxima de toda la historia». Es cierto y hay que reconocerlo. También es cierto, según El Economista, que los 161 mil 77 empleos creados en octubre fueron 26% menos que los de octubre de 2025. El empleo crece; el ritmo, no tanto. Y esos 23 millones se atienden en los mismos hospitales cuyos trabajadores marcharon este lunes.