Gobierno sanciona a constructora por falsear información en licitaciones del AIFA

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que sancionó a la empresa Lax Constructora, S.A. de C.V. por haber proporcionado información falsa durante dos procesos de licitación relacionados con servicios en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), un caso que, desde la óptica del gobierno federal, refuerza el mensaje de que en las compras públicas no hay espacio para simulaciones.

De acuerdo con la dependencia, la irregularidad fue detectada por el Órgano Interno de Control del AIFA, luego de que la empresa presentara un certificado falso para acreditar el cumplimiento de la norma NMX-R-025-SCFI-2025, que establece criterios de igualdad laboral y no discriminación. Ese documento fue utilizado en dos licitaciones públicas nacionales electrónicas para contratar el servicio de mantenimiento a instalaciones arquitectónicas del aeropuerto.

Tras analizar la falta, la Secretaría determinó imponer una multa de 189 mil 170 pesos y una inhabilitación por cuatro meses, periodo durante el cual la empresa no podrá participar, directa o indirectamente, en procedimientos de contratación ni celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

La sanción fue notificada el 27 de enero de 2026 y quedó formalmente publicada este día en el Diario Oficial de la Federación, además de que la empresa fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que bloquea cualquier nueva contratación con el gobierno mientras esté vigente la medida.

La Secretaría Anticorrupción subrayó que la resolución se emitió conforme a la ley y atendiendo criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. Aunque la empresa tiene derecho a impugnar la sanción, la dependencia adelantó que defenderá la resolución “con firmeza”, al considerar que protege el interés público y la integridad de las compras gubernamentales.

Con este caso, el gobierno federal reiteró su postura de tolerancia cero a la corrupción, al advertir que engañar para obtener contratos públicos no solo es una falta administrativa, sino una conducta que tiene consecuencias legales claras.