Decomiso en Guanajuato: los 59 millones de litros eran legales
Sheinbaum reconoció que el decomiso en Guanajuato de 59 millones de litros no era huachicol: la terminal tenía permisos y solo hubo fallas de transporte.
Por Juan Pablo Ojeda
El decomiso en Guanajuato que el gobierno federal llegó a presentar como uno de los mayores golpes contra el huachicol fiscal terminó por desmoronarse. Este miércoles 21 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció en su conferencia matutina que los 59 millones de litros de combustible asegurados en septiembre en San José Iturbide tenían un origen legal y que lo detectado fueron irregularidades en el transporte que llegaba a la terminal, no contrabando.
“No, se hizo la investigación por parte de la fiscalía. El conocimiento que tenemos, que tendría que informarlo la Fiscalía con todo detalle, pero en realidad había algunos asuntos ilegales de transporte que estaba entrando al lugar. Y la empresa resolvió ese tema”, respondió la mandataria, de acuerdo con la versión recogida por Expansión Política. Excélsior, El Financiero, Reforma y UnoTV reportaron la misma aclaración.
Qué fue el decomiso en Guanajuato
El 17 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó del aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburos en una terminal de almacenamiento de San José Iturbide porque no se acreditó su procedencia. Según el desglose oficial citado por Expansión, el volumen se repartía en 33 millones 504,067 litros de gasolina regular, 7 millones 266,813 litros de gasolina premium y 18 millones 265,989 litros de diésel.
La FGR explicó entonces que la investigación había comenzado el 3 de julio, con la detención de una persona que descargaba diésel de una pipa de 33,000 litros en una gasolinera de San Luis de la Paz sin poder demostrar la trazabilidad del combustible. A partir de esa captura se autorizaron técnicas de investigación que desembocaron en el operativo en la terminal.
Desde el primer momento, la empresa a la que se le aseguró el producto sostuvo que la instalación operaba de forma lícita, con permisos federales, estatales y municipales disponibles para consulta pública. El caso también derivó en la destitución de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la FGR en Guanajuato, de acuerdo con Expansión.
Un golpe que pierde peso en la estrategia contra el huachicol fiscal
La aclaración llegó en la misma conferencia en la que la Secretaría de Energía presentó su balance contra el huachicol fiscal. La secretaria Luz Elena González informó que en 2025 se detectó un desbalance de 8,824 millones de litros en la cadena de combustibles, equivalente a unos 61,700 millones de pesos, cifra que Maya Comunicación detalló en la nota sobre la evasión de 61 mil 700 millones de pesos por huachicol fiscal.
El subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, añadió que se han cerrado 2,224 empresas que vendían combustibles sin permiso, se impusieron 2,032 multas a gasolineras sin controles volumétricos, se dio de baja a 180 empresas del padrón de importadores y se identificó a otras 175 como factureras. En los operativos de seguridad, dijo, han sido detenidas 2,539 personas y se han asegurado 173 millones de litros de combustible y 5,572 unidades de transporte.
Con el caso de San José Iturbide fuera de la cuenta de combustible ilegal, la administración mantiene otros aseguramientos de gran escala, como los 10 millones de litros de Altamira, Tamaulipas, y los 15 millones de litros de dos operativos en Coahuila, según el recuento de Expansión. El episodio, sin embargo, abre preguntas sobre los criterios con los que se anuncian los decomisos antes de concluir las investigaciones.
Lo que falta por aclarar
La propia presidenta remitió los detalles a la FGR, que hasta el cierre de esta edición no había difundido un informe sobre el destino del combustible asegurado, la situación jurídica de la persona detenida en julio ni si la empresa recuperará el producto. Tampoco se ha precisado qué sanción correspondió a las irregularidades de transporte que, según Sheinbaum, ya fueron corregidas.
El tema se suma a otros expedientes de alto perfil en la materia, como el del llamado “Capitán Sol”, vinculado a proceso por huachicol fiscal, que ha puesto bajo la lupa la coordinación entre la Fiscalía, la Marina y las autoridades aduaneras. La credibilidad de las cifras oficiales será clave en la discusión del presupuesto y de las reformas contra el contrabando de combustibles.
Para los consumidores y los gasolineros de Guanajuato, el mensaje oficial es que el combustible almacenado en la terminal no provenía de un mercado ilegal. Para la estrategia federal, el caso es un recordatorio de que el combate al huachicol fiscal depende tanto de los operativos como de la solidez de las investigaciones que los sostienen. Maya Comunicación dará seguimiento a la información que presente la FGR.
