Viviendas del INVI no podrán destinarse a turismo si avanza iniciativa en el Congreso de la CDMX

La propuesta busca impedir que inmuebles de interés social financiados con recursos públicos se conviertan en alojamientos temporales mediante plataformas digitales; plantea mecanismos de vigilancia y sanciones, incluida la revocación de beneficios.

Las viviendas de interés social adquiridas, construidas o financiadas mediante programas públicos de la Ciudad de México podrían quedar sujetas a restricciones expresas para impedir su uso con fines turísticos o comerciales. El diputado César Emilio Guijosa Hernández, de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Vivienda capitalina y reforzar el carácter habitacional permanente de los inmuebles vinculados al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).

La propuesta fue presentada el pasado 15 de octubre ante el Congreso capitalino y plantea modificar el artículo 36 Bis de la legislación local. Su objetivo es evitar que las viviendas otorgadas mediante programas públicos se utilicen como alojamientos turísticos, hospedajes temporales o negocios orientados a obtener ganancias mediante estancias de corta duración.

En su exposición ante el Pleno, Guijosa Hernández sostuvo que los inmuebles financiados con apoyo público deben conservar el propósito para el que fueron creados: ofrecer una alternativa habitacional a las personas beneficiarias. Aclaró que la iniciativa no pretende prohibir el turismo ni todas las modalidades de arrendamiento, sino establecer límites específicos para las viviendas sujetas a estos programas.

Proponen vigilancia y sanciones para evitar el uso turístico

Uno de los principales componentes de la iniciativa consiste en establecer mecanismos de verificación, seguimiento y control a cargo del INVI, en coordinación con las autoridades competentes. Con ello, se busca que las restricciones no permanezcan únicamente en el texto legal, sino que existan herramientas para supervisar el destino efectivo de los inmuebles.

El proyecto también contempla sanciones administrativas para quienes desvíen el uso de las viviendas, incluida la posible revocación de los beneficios otorgados. Estas medidas se aplicarían conforme a la legislación correspondiente y sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o administrativas que pudieran derivarse de cada caso.

La iniciativa plantea que las personas beneficiarias destinen los inmuebles exclusivamente a fines habitacionales propios y permanentes. Bajo este esquema, quedarían prohibidos el hospedaje temporal, las estancias turísticas y otras modalidades de alojamiento con fines de lucro, de acuerdo con los términos propuestos por el legislador.

Plataformas digitales, vivienda y presión inmobiliaria

En la exposición de motivos, el diputado argumentó que el crecimiento de las plataformas digitales ha favorecido, en determinados casos, el cambio de viviendas destinadas al arrendamiento tradicional hacia esquemas de alojamiento de corta duración. Según el documento, esta tendencia puede reducir la disponibilidad de inmuebles para residentes permanentes e incidir en los precios de ciertas zonas de la capital.

El legislador también señaló que el uso turístico de viviendas de interés social puede modificar la convivencia en los conjuntos habitacionales y dificultar el cumplimiento de los objetivos de los programas públicos. La propuesta parte de la premisa de que los recursos destinados a vivienda social deben traducirse en soluciones habitacionales estables y no en oportunidades de explotación comercial.

Sin embargo, el alcance de la medida dependerá de los términos que finalmente se aprueben, de los mecanismos de supervisión que se establezcan y de la capacidad de las autoridades para identificar y acreditar los usos prohibidos. También será relevante precisar cómo se aplicarán las restricciones, qué procedimientos tendrán las personas beneficiarias para defender sus derechos y cuáles serán los criterios para determinar las sanciones.

La iniciativa no constituye todavía una prohibición vigente. Al concluir la presentación, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México informó que el proyecto sería turnado a la Comisión de Vivienda para su análisis y eventual dictaminación.

De avanzar la reforma, el debate legislativo deberá definir cómo proteger el destino social de las viviendas financiadas con recursos públicos sin generar incertidumbre jurídica para las personas beneficiarias. Por ahora, la propuesta abre una discusión sobre el control del uso de estos inmuebles frente al crecimiento del alojamiento turístico y las dificultades de acceso a una vivienda permanente en la CDMX.