Homicidios a la baja: qué falta revisar en los registros forenses

La crisis forense exige auditar la cobertura de los registros, pero no demuestra por sí sola que la caída anunciada sea falsa.

El gobierno federal presenta una reducción de los homicidios dolosos como resultado de su estrategia de seguridad. Frente a ese balance, la crisis de identificación forense plantea una pregunta verificable: ¿con qué oportunidad y calidad se documentan las muertes que alimentan las estadísticas? La capacidad de los laboratorios importa, pero no basta para concluir que todos los cuerpos sin nombre estén fuera del conteo.

En un comunicado del 8 de octubre de 2026, el Gabinete de Seguridad informó que Omar García Harfuch reportó una disminución de 53% en el promedio diario de homicidios dolosos, de 86 a 40 casos, con corte a agosto de 2026. Esa es la afirmación oficial examinada aquí. No debe interpretarse como una reducción anual de todas las muertes violentas ni como un balance definitivo de octubre.

Una autopsia no resuelve por sí sola la clasificación penal

El Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México describe la necropsia como un examen externo e interno orientado a establecer la causa de muerte y contribuir a la identificación. Es una pieza central de la investigación de muertes sospechosas. Sin embargo, afirmar que sólo una autopsia permite registrar cualquier causa de muerte confunde el examen médico con el conjunto de información clínica, pericial y ministerial disponible.

También son distintas la causa de muerte, la identidad de la víctima y la calificación jurídica del hecho. Determinar una lesión mortal no establece por sí solo si hubo dolo. Y conocer cómo murió una persona no exige necesariamente haber recuperado antes su nombre. Por tanto, “sin identificar” no significa automáticamente “sin autopsia” ni “homicidio no contabilizado”.

Dos fuentes que cuentan desde lugares diferentes

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública integra la incidencia delictiva a partir de las investigaciones reportadas por las fiscalías. Para analizar homicidios deben distinguirse las carpetas y las víctimas: una investigación puede comprender más de una persona. El registro penal depende de lo que las autoridades investigadoras incorporan y clasifican.

El INEGI explica en su metodología de defunciones por homicidio que utiliza certificados y actas de defunción, además de registros del Ministerio Público y servicios forenses. Su clasificación de agresiones tiene fines estadísticos, no constituye una resolución penal. El propio instituto advierte que el certificante puede carecer de información suficiente sobre la intención del hecho.

La diferencia entre ambas fuentes obliga a comparar periodos, fechas de ocurrencia y registro, categorías y versiones de las bases. Restar dos totales sin homologarlos no mide, por sí mismo, cuántas víctimas fueron ocultadas. Tampoco permite atribuir toda discrepancia a falta de autopsias.

Hay otro punto que requiere atención: el SESNSP actualizó su instrumento de registro y separa las bases de 2015-2025 de las correspondientes a 2026 en adelante. Cualquier evaluación de una caída que atraviese ese cambio debe documentar la comparabilidad de las categorías. El cambio metodológico merece explicación; no prueba por sí mismo una manipulación.

El rezago forense es una alerta, no un ajuste automático

La investigación de Quinto Elemento Lab documentó 72 mil 172 cuerpos sin identificar, ingresados entre 2006 y 2023. Ese acumulado no puede añadirse a los homicidios de 2026: abarca años diferentes, no establece que todos correspondan a asesinatos y no demuestra que ninguno haya sido registrado previamente.

El censo forense del INEGI, referido a 2025, registra 97 mil 469 necropsias de cadáveres. La cifra demuestra actividad; no acredita que cada muerte que la requería haya recibido una revisión completa y oportuna. Para evaluar suficiencia faltan cruces entre ingresos, estudios pendientes, tiempos de respuesta y expedientes concretos.

Una auditoría útil tendría que seguir casos desde el hallazgo hasta el registro estadístico: fecha estimada de muerte, carpeta, dictámenes, clasificación inicial y eventuales correcciones. También debería revisar muertes de intención no determinada y hallazgos de restos, sin asumir que todos son homicidios. Esa trazabilidad permitiría separar retrasos, errores, cambios justificados y posibles omisiones.

Qué sostienen los datos y qué sigue sin demostrarse

La postura oficial sostiene que las estadísticas vitales del INEGI respaldan la disminución de 2025 y que las fuentes tienen metodologías diferentes, según el pronunciamiento de la SSPC sobre esos resultados. Esa explicación debe formar parte del contraste. Que dos registros muestren una tendencia descendente no vuelve innecesario examinar su cobertura; tampoco es correcto omitir esa coincidencia para afirmar que no existe evidencia de una baja.

Con las fuentes revisadas no puede calcularse cuánto de la reducción anunciada estaría afectado por omisiones forenses, ni sostener que la caída de 53% sea ficticia. La duda sobre la integridad de los registros es una pregunta legítima de rendición de cuentas. Convertirla en una conclusión exige evidencia de casos omitidos, reclasificaciones y sus efectos sobre una serie comparable.

Las fiscalías deben responder por la integración y clasificación de las investigaciones; los servicios forenses, por sus dictámenes y registros; el SESNSP, por la consolidación y transparencia de la incidencia, y el INEGI, por la estadística de defunciones. Publicar las cifras junto con sus revisiones y límites permitiría evaluar la reducción con algo más que un porcentaje presentado en conferencia.

Alcance: análisis documental con fuentes consultadas al 23 de octubre de 2026. No es una auditoría de expedientes ni una estimación de homicidios ocultos. Imagen: ilustración editorial generada con inteligencia artificial; no reproduce documentos ni instalaciones reales.