Guadalupe Taddei presidenta del INE recuerda fuerza pública ante crítica de legislador opositor
Taddei le recordó al diputado del PRI que puede mandar a la fuerza pública a sacarlo del INE. Él respondió que no fue a hacer amigos.
Por Bruno Cortés
La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, leyó el martes un fragmento del Reglamento de Sesiones del Consejo General para advertir al diputado federal del PRI Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla que puede solicitar el auxilio de la fuerza pública y expulsarlo del recinto.
Lo que leyó no es una ley. Es un reglamento interno aprobado por el propio Consejo General. Y en el sistema jurídico mexicano ningún reglamento está por encima de la Constitución.
El artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es claro: “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.” Gutiérrez Mancilla no hablaba como un particular ni como un invitado. Hablaba como diputado federal en funciones y como consejero del Poder Legislativo ante el INE. Su investidura constitucional no desaparece porque se encuentre sentado en el salón de sesiones del instituto electoral.
El Reglamento de Sesiones sí otorga a la Presidencia facultades para exhortar al orden, conminar a abandonar el local y solicitar la fuerza pública. Esa facultad existe y es legítima para mantener el desarrollo de las sesiones. Pero una norma de rango inferior no puede anular ni condicionar un derecho constitucional. Usar el reglamento como advertencia directa contra un legislador que expresa una opinión crítica abre una discusión de jerarquía normativa y de imparcialidad del árbitro electoral.
El consejero Uuc-kib Espadas respondió que el fuero “no lo libra” de obedecer la norma. La afirmación es parcial. El fuero y la inviolabilidad parlamentaria no son privilegios personales: son garantías del sistema representativo. Protegen al legislador precisamente para que pueda ejercer su función sin ser reconvenido por las opiniones que emite en el desempeño de su cargo.
El martes, en el Consejo General del INE, se confrontaron dos planos: el reglamento interno de una institución y la Constitución de la República. El primero no puede prevalecer sobre el segundo. Cuando la presidenta del órgano electoral invoca la fuerza pública contra un diputado federal por sus palabras, el problema deja de ser solo de orden en la sesión. Se convierte en una pregunta sobre los límites del poder reglamentario frente a la Constitución.
