Exfiscal de Chihuahua: el caso es por la CIA, dice Sheinbaum
Sheinbaum dijo que el caso del exfiscal de Chihuahua es por la entrada de agentes de la CIA, no por un narcolaboratorio; la FGR evaluará la denuncia.
Por Juan Pablo Ojeda
El caso del exfiscal de Chihuahua César Gustavo Jáuregui Moreno no tiene que ver con un narcolaboratorio, sino con la entrada de agentes extranjeros a territorio nacional sin aviso a las autoridades federales. Así lo planteó este jueves 22 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, donde además dejó en manos de la Fiscalía General de la República la evaluación de la denuncia presentada contra la gobernadora Maru Campos.
La pregunta llegó luego de que la familia del militar Richard Halliday, uno de los agentes estadounidenses que murieron en un operativo en la Sierra Tarahumara, denunciara ante la FGR a la mandataria estatal por presuntamente conocer con anticipación las operaciones de agencias de Estados Unidos, según se planteó en la mañanera. Al ser cuestionada sobre si al exfiscal se le juzga por haber desmantelado un laboratorio de drogas, Sheinbaum respondió: “Obviamente no, primero ni lo desmanteló él, para empezar”.
Qué dijo Sheinbaum sobre el exfiscal de Chihuahua
De acuerdo con la versión de El Universal, la presidenta sostuvo que existe un intento por instalar la idea de que su gobierno protege a criminales. “No, el problema es la entrada de agentes extranjeros a hacer operaciones sin avisar, ni siquiera a la Secretaría de Relaciones Exteriores y cumplir con la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó. Añadió que la Fiscalía “evaluará esta última denuncia que se hizo”.
La mandataria también arremetió contra panistas y calderonistas, a quienes acusó de promover la versión del narcolaboratorio en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua. Recordó que un secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón se coludió con el narcotráfico y defendió que su administración ha reducido los homicidios cerca de 50 por ciento, algo que, dijo, no sería posible si existiera colusión con algún grupo criminal.
Sobre la gobernadora, Sheinbaum señaló que el Código Penal es claro sobre lo que habría que demostrar para acreditar un delito, que lo ocurrido en Chihuahua es “muy delicado” y que corresponde a la FGR determinar si procede una carpeta de investigación. “Los dichos de la gobernadora hablan por sí mismos”, agregó, en referencia a una entrevista de mayo en la que Maru Campos habló de reuniones de funcionarios estatales con agencias estadounidenses, según se expuso en la conferencia.
La audiencia sigue el sábado 24 de octubre
En el plano judicial, El Economista informó que la FGR formuló imputación contra Jáuregui Moreno por su probable participación en el delito de traición a la patria y que un juez de control le impuso prisión preventiva. El Ministerio Público presentó alrededor de 150 datos de prueba para pedir su vinculación a proceso, en una audiencia que se realizó de forma parcialmente privada por motivos de seguridad nacional.
La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez fijó continuar la diligencia el sábado 24 de octubre, cuando se resolverá si el exfuncionario es vinculado a proceso. La investigación está a cargo de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la FGR. El desarrollo de la primera audiencia puede revisarse en Inicia audiencia contra exfiscal de Chihuahua.
Hasta el momento, la FGR no ha informado públicamente si abrirá una carpeta de investigación a partir de la denuncia de la familia Halliday contra Maru Campos, por lo que ese punto queda pendiente. La gobernadora, por su parte, ha sostenido a través de su defensa que no tenía conocimiento de la operación, de acuerdo con lo planteado en la propia conferencia matutina.
El expediente que dio origen a la acusación de traición a la patria y las razones por las que la figura de la gobernadora quedó bajo la lupa se explican en Traición a la patria: lo que revela el expediente del caso CIA en Chihuahua.
El caso se ha convertido en uno de los principales frentes de confrontación entre el gobierno federal y el PAN, partido que gobierna Chihuahua. Mientras la oposición acusa una persecución política, Palacio Nacional insiste en que se trata de un asunto de soberanía y de cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional, que exige notificar a la Cancillería la presencia de agentes extranjeros en operaciones dentro del país.
La definición del juez el próximo sábado y la respuesta de la FGR a la nueva denuncia marcarán el rumbo de un expediente que mantiene en el centro del debate la cooperación en seguridad con Estados Unidos y los límites de la actuación de las autoridades estatales.
