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Traición a la patria: lo que revela el expediente del caso CIA en Chihuahua y por qué Maru Campos no está acusada

El expediente de la FGR contra el exfiscal César Jáuregui señala que agentes de la CIA operaron armados en la Sierra Tarahumara; Sheinbaum afirma que no hay pruebas contra Maru Campos.

Por Editor web Maya Comunicación · 20 de octubre de 2026 · Lectura de 5 min

Fachada de un edificio judicial de cantera clara con puertas de madera cerradas y una escalinata vacía bajo cielo azul en una ciudad del norte de México, sin personas ni texto

Por Anabel Beltrán

El expediente con el que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la orden de aprehensión por traición a la patria contra el exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, describe que los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos que murieron en abril en la Sierra Tarahumara no fueron simples observadores: según los testimonios recabados, portaban armas largas, se movían con pasamontañas y formaban parte de la célula táctica que operó en el rancho El Pinal. Mientras el caso avanza en tribunales federales, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que, hasta donde ella sabe, no hay pruebas contra la gobernadora María Eugenia Campos.

Qué delito se le imputa al exfiscal

Jáuregui Moreno, quien renunció a la Fiscalía de Chihuahua el 27 de abril, fue detenido el sábado 17 de octubre. Primero enfrentó una imputación del fuero común por ejercicio indebido del servicio público, impulsada por la propia fiscalía estatal; un juez local le permitió seguir ese proceso en libertad, pero al salir fue aprehendido por agentes federales y trasladado al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La causa penal federal es la 408/2026, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. La orden de aprehensión por traición a la patria también alcanza a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas. De acuerdo con el artículo 123 del Código Penal Federal, este delito se castiga con penas de cinco a 40 años de prisión.

La fiscal general, Ernestina Godoy, sostuvo que el exfiscal habría permitido que personas extranjeras intervinieran sin autorización en territorio nacional, en acciones que solo corresponden a autoridades mexicanas. Por el caso estatal, la audiencia para definir si es vinculado a proceso quedó programada para el jueves 22 de octubre.

Lo que revela el expediente

Las entrevistas ministeriales integradas a la carpeta señalan que los agentes estadounidenses salieron integrados al convoy desde la cochera de la fiscalía en la capital del estado, y no se sumaron de última hora en la sierra, como sostuvo inicialmente la versión local. Un policía del Grupo de Operaciones Tácticas declaró que los extranjeros participaron en caminatas tácticas, consultaban coordenadas en tabletas electrónicas y coordinaban directamente con el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera.

Un dictamen de criminalística de campo de la Policía Federal Ministerial, fechado el 11 de septiembre de 2026, concluyó que el despliegue no tenía fundamento legal: no había carpeta de investigación iniciada ni diligencia alguna que justificara el operativo. La Secretaría de la Defensa Nacional, por su parte, se deslindó de la planeación y precisó por oficio que su participación se limitó a brindar seguridad periférica a petición de la fiscalía estatal.

Los peritajes informáticos rastrearon el automóvil rentado por uno de los agentes de la CIA: ingresó al Complejo Estatal de Seguridad Pública (C4) el 16 de abril y permaneció en ese patio oficial hasta la noche del 19 de abril. Para la FGR, esto prueba que el vehículo estuvo bajo resguardo de la dependencia antes, durante y después del despliegue. Cámaras de videovigilancia del inmueble también captaron a hombres con las características de la célula extranjera.

El accidente del 19 de abril

La madrugada del 19 de abril, la camioneta en la que viajaba el director de la AEI volcó en un camino de la sierra y se incendió, pues transportaba bidones de gasolina. En el percance murieron dos agentes de la CIA y dos funcionarios estatales: el propio Pedro Oseguera y un elemento de su equipo de seguridad. Según el testimonio de un agente, alrededor de las 2:00 horas se dio la orden, «de parte del jefe Zuany», de no tomar fotos ni difundir información sobre lo ocurrido.

La defensa de Jáuregui, a cargo del abogado Héctor Villasana, sostiene que su cliente no sabía que elementos de esa agencia participarían en el operativo y atribuye la autorización a Oseguera.

Por qué Maru Campos no está acusada

En su conferencia del lunes 19 de octubre, Sheinbaum calificó la actuación del exfiscal como «muy irresponsable, por decirlo menos» y cuestionó: «¿Cómo un fiscal que tiene la responsabilidad de la procuración de justicia es el primero que viola la ley?». Sobre la gobernadora fue explícita: «No tienen, hasta donde yo sé, y si no que lo aclare la fiscal, alguna prueba de que haya sido directamente la gobernadora».

La mandataria recordó que fue la Fiscalía de Chihuahua, hoy encabezada por Gilberto Loya, la que hizo la primera imputación, y que la FGR se sumó con el delito federal. Añadió que el exfiscal es investigado además por otros delitos ajenos al caso CIA, cuyos detalles deberá informar la fiscalía. Desde abril, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, había señalado que la gobernadora desconocía los operativos con agentes de la CIA.

Campos, en un video difundido en redes, afirmó que «nadie que sirva o haya servido en mi Gobierno está por encima de la ley» y defendió la cooperación internacional: «es legítima y muy necesaria, pero debe darse con apego a la ley». Aseguró que su administración colaborará con la FGR. Morena, en tanto, ha exigido abrirle juicio político.

Un caso que escaló desde abril

El episodio ha marcado la relación entre la Federación y Chihuahua durante todo el año. En mayo, la presidenta acusó una violación constitucional por la presencia de la CIA y, semanas después, el gobierno federal ordenó el retiro de dos agentes estadounidenses. Con la detención del exfiscal, el expediente pasa ahora a manos de un juez federal, que deberá decidir si las pruebas reunidas sostienen una de las acusaciones más graves del Código Penal: haber puesto en riesgo la soberanía nacional.

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