Por Juan Pablo Ojeda

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió este miércoles un señalamiento directo sobre la gestión de la seguridad en el estado de Chihuahua, advirtiendo una transgresión a la Constitución mexicana. El motivo es la ejecución de operativos de inteligencia en suelo nacional con la presunta participación de personal de la CIA, operados exclusivamente por la fiscalía estatal de Chihuahua sin el conocimiento del Gobierno de México.

Bajo la óptica de la rendición de cuentas, la mandataria subrayó que su visión presidencial identifica una falta grave a la Ley de Seguridad Nacional, un marco jurídico que regula la intervención de potencias extranjeras. La Fiscalía General de la República (FGR) ha sido instruida para llevar a cabo una indagatoria exhaustiva que ya incluye interrogatorios a mandos y subordinados de la administración estatal que encabeza la gobernadora María Eugenia Campos.

El operativo del 16 de abril en el municipio de Morelos destapa una red de colaboración binacional que operaba fuera de los cauces legales establecidos por el Senado de la República. La muerte de dos estadounidenses vinculados a la inteligencia de Washington en un accidente serrano tres días después del operativo, proporcionó la evidencia física de que actores externos estaban ejerciendo funciones policiales prohibidas por la ley.

Esta falta de notificación a las instancias federales no solo compromete la cadena de mando, sino que vulnera el principio de supremacía constitucional. La FGR investiga ahora si hubo contratos informales o acuerdos directos entre la fiscalía estatal y agencias de Estados Unidos que omitieran los filtros de la Cancillería y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La opacidad en la operación de un laboratorio de drogas sintéticas de tales dimensiones levanta interrogantes sobre la procedencia de la inteligencia utilizada para su localización. Mientras el gobierno de Chihuahua sostiene que fue una investigación propia de varios meses, el hecho de que ciudadanos extranjeros estuvieran en el convoy de desmantelamiento sugiere una dependencia operativa externa no declarada.

La Ley de Seguridad Nacional, reformada recientemente para limitar la inmunidad de agentes extranjeros, es el instrumento que la FGR aplicará para deslindar responsabilidades. De confirmarse la participación activa de la CIA en tareas de campo, se estarían configurando delitos que podrían derivar en sanciones administrativas y penales para los funcionarios estatales que autorizaron dicha incursión.

La presidenta Sheinbaum ha delegado en la FGR la responsabilidad de informar los avances, marcando una línea de fuego entre la autonomía de las investigaciones y la postura política de protección a la soberanía. La investigación paralela que mantiene Chihuahua por el accidente de la unidad ministerial se percibe ahora como secundaria frente al expediente federal que cuestiona la legalidad de toda la operación táctica.