Contraloría del INE sabía de irregularidades ligadas al entorno de Taddei y no presentó denuncias, según El Universal

Por Juan Pablo Ojeda

El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) habría tenido conocimiento desde hace más de medio año de contratos presuntamente irregulares otorgados a proveedores cercanos a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, sin que hasta ahora se haya interpuesto denuncia alguna, de acuerdo con una investigación publicada este martes por El Universal.

Según el diario, fue el propio titular de la Contraloría, Víctor Hugo Carvente Contreras, quien dio a conocer que las auditorías internas habían identificado inconsistencias patrimoniales, posibles conflictos de interés y movimientos financieros irregulares. Estas líneas, señala el reporte, coinciden con las que mantienen abiertas la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La revelación ocurrió el 9 de septiembre, durante la presentación del Informe Previo de Gestión y Resultados 2026 ante la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

De acuerdo con la versión citada por El Universal, Carvente expuso ante los legisladores que su área detectó la recepción de depósitos bancarios por parte de servidores públicos provenientes de personas que eran proveedoras del instituto, así como a funcionarios que no declararon su participación como accionistas de empresas.

El contralor también habría mencionado omisiones en el registro de ingresos por hasta 5.6 millones de pesos en las declaraciones patrimoniales de trabajadores del organismo electoral. Pese a la gravedad de lo expuesto, la reunión, que se extendió por más de dos horas, transcurrió sin que diputadas o diputados plantearan preguntas sobre esos hallazgos, refiere el periódico.

En el mismo informe, el titular del OIC detalló que durante el primer semestre de 2026 se sancionó a seis servidores públicos con multas que sumaron 714 mil pesos e inhabilitaciones de hasta ocho años, por faltas graves como presentación de documentación falsa, abuso de funciones y nepotismo.

El resto de la exposición, según la nota, se centró en presentar finanzas sanas y medidas de austeridad. Entre los logros administrativos, Carvente destacó la recuperación de 138 mil 649 pesos por pagos en exceso y un ahorro de 131 mil 144 pesos en viáticos de fin de año.

El funcionario pidió a los legisladores reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al argumentar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) niega al OIC el acceso a información fiscal y bancaria de altos funcionarios del INE, facultad que corresponde a la Secretaría de la Función Pública. Sin convenios de cruce de datos como los que tiene la ASF, sostuvo, la Contraloría queda limitada para detectar a tiempo conductas como la triangulación de recursos.

El Universal recordó que previamente difundió una revisión de la ASF según la cual 57 personas físicas habrían obtenido contratos del INE mientras se desempeñaban como funcionarios activos del propio instituto, lo que apunta a posibles conflictos de interés.

El lunes, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que el OIC realiza indagatorias desde hace aproximadamente seis meses y atribuyó la ausencia de denuncias al respeto al debido proceso, pues las personas señaladas cuentan con plazos para presentar pruebas y alegatos antes de una resolución.

Por su parte, el coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, anunció que su bancada presentaría un punto de acuerdo para citar a comparecer al contralor, con el fin de conocer qué acciones se han tomado y por qué no se advirtió formalmente de las presuntas irregularidades.

La información forma parte de una serie de publicaciones del diario sobre la contratación de proveedores en el instituto durante la gestión de la expresidenta, cuyos alcances aún se revisan en distintas instancias.

Hasta el momento, las conductas descritas constituyen señalamientos en proceso de investigación; no existe resolución firme ni denuncias formales presentadas por la Contraloría del instituto en relación con estos hechos.