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Aníbal Ostoa propone eliminar penalizaciones por cancelar planes de telefonía móvil

El senador Aníbal Ostoa propone que, al cancelar un plan con equipo financiado, el usuario pague solo el saldo del celular y no penalizaciones ni fianzas.

Por Editor web Maya Comunicación · 24 de octubre de 2026 · Lectura de 4 min

Teléfono celular con la pantalla apagada sobre hojas en un escritorio, junto a una pluma y un portalápices

Por Bruno Cortés

El senador Aníbal Ostoa Ortega, de Morena, propuso eliminar las penalizaciones económicas que cobran las empresas de telefonía móvil cuando un usuario cancela de forma anticipada un servicio que incluye un equipo adquirido mediante financiamiento. La propuesta, difundida este 24 de octubre en el boletín 0332 del Senado de la República, busca, en palabras del legislador, frenar prácticas abusivas de las compañías.

Durante la sesión plenaria del pasado 21 de octubre, Ostoa Ortega sostuvo que, en esos casos, a las empresas solo les corresponde reclamar el pago proporcional del saldo pendiente del dispositivo. Es decir, si una persona decide terminar su contrato antes de tiempo, tendría que cubrir lo que le falta por pagar del celular, pero no una penalización adicional por irse.

Qué leyes se reformarían

Para lograrlo, el senador presentó una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La propuesta también busca prohibir que las empresas condicionen la contratación, continuidad o renovación de sus servicios a la entrega de fianzas, depósitos en garantía, garantías financieras u otros mecanismos de respaldo económico previo.

Según explicó, las restricciones se incorporarían tanto en la regulación de telecomunicaciones como en las disposiciones de protección al consumidor, con el propósito de establecer reglas claras sobre los cobros y las condiciones que se imponen a los usuarios.

A quién beneficiaría

De acuerdo con el legislador, el proyecto beneficiaría a 24.8 millones de usuarios de planes de pospago en México. Ostoa Ortega afirmó que con ello se deja en claro que el interés social siempre estará por encima de cualquier abuso privado.

“Estamos hablando de justicia para los usuarios, de libertad de elección y de poner un límite a prácticas abusivas que durante años se normalizaron en nuestro país por parte de empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil”, indicó.

“Ninguna persona debe pagar por un servicio que no recibe”

El senador recalcó que la iniciativa parte de un principio muy sencillo: “Ninguna persona debe pagar por un servicio que no recibe”. Por ello, explicó, si existe un equipo financiado, el usuario deberá cubrir exclusivamente el saldo pendiente del dispositivo, porque eso es justo, razonable y válido.

Puntualizó que lo mismo ocurre con las fianzas y los depósitos en garantía, pues desde el primer día los ciudadanos son tratados como posibles deudores y obligados a entregar garantías económicas para acceder a un servicio esencial.

“Cada año, millones de mexicanos son castigados económicamente por cancelar un servicio, se les cobra por irse o por elegir otra opción, pero también son obligados a constituir fianzas, pagar primas anuales o depósitos en garantía y se les señala como deudores antes que como clientes”, recalcó.

Los objetivos de la reforma

Ostoa Ortega detalló que las modificaciones tienen como objetivo fortalecer la protección de los derechos de las personas usuarias, eliminar prácticas contractuales desproporcionadas y consolidar un marco regulatorio acorde con los principios de libre elección, competencia efectiva y equidad contractual.

La propuesta llega en un momento de cambios en el sector. En las últimas semanas se dio a conocer la compra de AT&T México por Televisa, una operación que ha generado preguntas entre los usuarios, y el Congreso ha discutido el marco legal del sector, como ocurrió con la aprobación en comisiones de la ley de telecomunicaciones.

Qué sigue

La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos del Senado, para su análisis y dictamen. Si las comisiones la aprueban, deberá votarse en el pleno y luego en la Cámara de Diputados. Mientras eso no suceda, los contratos vigentes siguen rigiéndose por las reglas actuales, por lo que conviene revisar con cuidado las condiciones de cancelación antes de firmar un plan.

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