Alejandra Barrales propone reconocer el embarazo infantil forzado en la ley
Alejandra Barrales propone definir en la ley el embarazo infantil forzado en niñas de 10 a 14 años para activar protocolos y sancionar la violencia sexual.
Por Bruno Cortés
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para incorporar en la legislación mexicana el concepto de “embarazo infantil forzado”. El propósito, de acuerdo con el boletín 0335 de la Coordinación de Comunicación Social del Senado, difundido este domingo 25 de octubre, es que las autoridades cuenten con una base legal para activar protocolos de protección y establecer responsabilidades específicas por la violencia sexual cometida contra niñas.
La propuesta plantea definir el embarazo infantil forzado como aquel que ocurre en niñas de 10 a 14 años, bajo la presunción de que es resultado de violencia sexual. Para ello, la legisladora propuso adicionar la fracción X Bis al artículo 4, un cuarto párrafo al artículo 47 y el artículo 83 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
22 niñas madres cada día
Barrales Magdaleno sustentó su iniciativa en cifras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna): durante 2025, siete mil 887 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres en México, lo que equivale a un promedio de 22 nacimientos diarios.
La senadora aseguró que, cuando una niña de esa edad se embaraza, en el país no existe un marco jurídico ni garantías específicas que la protejan. Esa omisión, dijo, tiene consecuencias jurídicas concretas porque las invisibiliza.
Advirtió que el embarazo de estas menores de ninguna manera puede entenderse como algo normal, como una decisión propia o como una decisión consentida. Por su edad y desarrollo, explicó, estas niñas están en especial vulnerabilidad frente al acoso y la violencia sexual, por lo que necesitan una respuesta inmediata de las instituciones.
Casos que encendieron la alerta
La legisladora recordó casos recientes. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una niña de apenas 10 años llegó a un hospital con un parto prematuro y complicaciones muy graves; en Matamoros, Tamaulipas, se atendió a una niña de 11 años con cinco meses de embarazo, producto de violencia sexual.
También señaló que en varios casos se ha detectado que el embarazo derivó de matrimonios de niñas de 10 y 12 años con parejas que les llevaban décadas de edad, como en El Oro, Estado de México, donde una niña de 12 años fue unida a un hombre de 65, y en Texcoco, donde una niña de 10 años fue unida a un hombre de 32. Con esa diferencia de edades, advirtió, “de ninguna manera se puede pensar que en esas uniones hay consentimiento”.
El tema de las uniones infantiles ya ha llegado a otros espacios legislativos, como la iniciativa para prohibir el matrimonio infantil por usos y costumbres y la propuesta para blindar en la Constitución la prohibición de matrimonios infantiles.
Qué propone la iniciativa
Barrales planteó que las instituciones de salud, educativas y de asistencia social tengan la obligación de notificar de inmediato a la Fiscalía y a la Procuraduría de Protección cuando conozcan un caso, para activar automáticamente la investigación.
Asimismo, propuso garantizar a las niñas atención integral especializada, que incluya servicios médicos y psicológicos, acompañamiento jurídico gratuito para acceder a la justicia, continuidad educativa y protección contra la revictimización, sin que la responsabilidad de iniciar las acciones recaiga en ellas o en sus familias.
Mediante un artículo transitorio, la iniciativa establece un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión y los congresos de las entidades federativas tipifiquen el delito de embarazo infantil forzado, a fin de que el Estado pueda sancionarlo.
“La definición del embarazo infantil forzado”, acotó la legisladora, “es indispensable, porque, sin un supuesto jurídico que lo nombre, las autoridades carecen de la base legal para activar protocolos y exigir responsabilidades”.
Lo que sigue
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen. Si se aprueba en comisiones, tendría que votarse en el pleno del Senado y luego pasar a la Cámara de Diputados. No es la primera propuesta de la senadora en temas de salud pública; recientemente presentó una propuesta para etiquetar el alcohol por riesgos de cáncer.
