Por Antonio Dávila

En el sacrosanto Palacio de San Lázaro se cocina una reforma de esas que prometen salvar a la patria de las garras del imperialismo y los hackers internacionales. La bancada oficialista empuja una iniciativa para cambiar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. El plan es simple y draconiano: si se demuestra que una mano extranjera metió su cuchara en el proceso electoral, la elección se va directito a la basura. Un blindaje de primer nivel, pensaría cualquiera, contra complots de película de espías.

No se trata de que un solo tuit pueda tirar una elección, sino de que una red organizada de mensajes, financiamiento o presión mediática desde el exterior podría abrir una ruta de impugnación si la ley queda ambigua.

Pero la ironía mexicana, esa que se ríe en los velorios, ya encontró el hilo negro de la propuesta. El texto legal habla de castigar la intromisión de entes externos, pero se le olvida un pequeño detalle de 12 millones de personas: los connacionales que viven del otro lado de la frontera. Resulta que para el sistema, si vives en Ecatepec eres pueblo soberano, pero si cruzas el río Bravo tus opiniones políticas en redes sociales empiezan a oler a peligro geopolítico y a sospechosa conspiración internacional.

Aquí es donde el chiste se cuenta solo. El país entero celebra mes con mes el flujo histórico de remesas, esos miles de millones de dólares que sostienen la economía de este lado del mapa y que se reciben con fanfarrias en las mañaneras. Sin embargo, bajo la lupa de esta nueva ley, los paisanos son buenísimos para mandar sus billetes verdes, pero se vuelven altamente peligrosos si se les ocurre mandar un tuit o hacer una transmisión en vivo criticando al candidato de moda. En términos políticos, el mensaje parece contradictorio: las remesas se celebran, pero la opinión migrante podría quedar bajo sospecha si la autoridad no distingue entre ciudadanía y operación extranjera.

La iniciativa pretende sancionar con la nulidad absoluta la «difusión sistemática de desinformación» y las «presiones mediáticas» que vengan de fuera. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo y se desata el verdadero caos cibernético. Imagínese usted a los sesudos magistrados del Tribunal Electoral intentando descifrar si un meme viral que despedaza a un político fue creado por un agente de la inteligencia rusa o por el mismísimo tío Pancho desde su celular mientras descansa de su jornada en Chicago.

El músculo político de la diáspora no es ninguna fantasía de internet. En las pasadas elecciones federales, la participación desde el exterior rompió récords con más de 184 mil votos emitidos para la Presidencia de la República, la gran mayoría de ellos depositados a través de la vía electrónica. Hay cerca de un millón y medio de mexicanos con credencial de elector en mano viviendo en el extranjero, ciudadanos que ahora tendrán que medir muy bien sus palabras si no quieren que su activismo digital termine por jugarle rudo a sus propios partidos.

El verdadero peligro de la voladora legislativa está en la letra chiquita. La reforma establece que si la diferencia entre el primer y el segundo lugar es menor al cinco por ciento, se asumirá de forma automática que la intervención extranjera fue determinante para el resultado. Esto significa que en una elección local de esas que se definen por un pelito de rana, el bando perdedor sólo tendrá que demostrar que hubo «presión mediática» exterior —léase un par de videos virales de activistas migrantes— para exigir que se repita todo el circo electoral.

Para las autoridades electorales, el panorama se pinta de negro. El Instituto Nacional Electoral y los tribunales especializados tendrán la titánica y casi cómica tarea de rastrear direcciones IP y geolocalizaciones para separar la paja del trigo. En lugar de cazar mapaches electorales tradicionales de esos que regalan despensas y bultos de cemento en las colonias populares, los funcionarios ahora tendrán que convertirse en expertos informáticos para determinar si el fervor político de los paisanos califica como un ataque a la seguridad nacional.

Los congresos locales de los estados también tienen el tiempo encima para cuadrar sus propias leyes con este nuevo mandato federal. La prisa es mucha y el margen de error es nulo, sobre todo porque la sombra de los comicios intermedios ya se asoma en el calendario. La urgencia por aprobar este blindaje soberano de forma exprés amenaza con dejar un marco legal tan abierto y ambiguo que cualquier inconforme podrá usarlo como un botón de autodestrucción electoral cuando los números no le favorezcan.

Al final del día, el debate en el Congreso de la Unión deja una lección macabra sobre la geografía del poder. La soberanía mexicana se defiende con garras y dientes en los discursos, pero se debilita cuando teme a las voces de sus propios hijos ausentes. Habrá que ver si los legisladores le ponen un bozal a la diáspora o si reculan antes de que el remedio resulte más costoso que la enfermedad, porque sería el colmo de los colmos que los mismos mexicanos que salvan al país del hambre terminen siendo tratados como sospechosos de injerencia por el simple hecho de opinar desde fuera.