Yo no le creo a Ken Salazar
Ismael "El Mayo" Zambada terminó en manos de la justicia estadounidense tras un misterioso vuelo que abrió un fuerte debate bilateral.
Por Bruno Cortés
El sorpresivo traslado y detención de Ismael «El Mayo» Zambada en territorio estadounidense detonó un complejo cruce de versiones entre las autoridades de México y Estados Unidos, dejando interrogantes abiertas sobre la soberanía, la seguridad aérea y los pactos de inteligencia entre ambos países. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, rechazó categóricamente cualquier participación directa u organización previa por parte de su gobierno en lo que se ha descrito formalmente como un presunto secuestro internacional.
La versión oficial de Washington sostiene que sus agencias de seguridad no tuvieron conocimiento previo del plan ni control sobre la aeronave Beechcraft que aterrizó en el aeropuerto de Doña Ana, en Nuevo México. Según los informes remitidos por el diplomático, el gobierno estadounidense no aportó el avión, no contrató al piloto ni coordinó el trayecto, deslindándose así de una violación flagrante a la soberanía mexicana que habría implicado operar sin autorización en suelo extranjero.
Sin embargo, los argumentos presentados por la defensa legal de Zambada mediante una carta pública ofrecen una narrativa radicalmente opuesta. El veterano capo sinaloense afirmó haber sido sometido por la fuerza tras asistir a una presunta reunión política en Culiacán, donde fue emboscado por Joaquín Guzmán López, alias «El Chapito», y un grupo de hombres armados que neutralizaron a su escolta personal, incluyendo a un mando de la Policía Judicial del estado.
Esta contradicción logística ha puesto bajo la lupa los sistemas de vigilancia de ambos países. Analistas en seguridad cuestionan cómo una aeronave civil pudo ingresar al espacio aéreo de los Estados Unidos sin los permisos regulares obligatorios y aterrizar directamente en una zona resguardada. La posibilidad de un plan de vuelo clonado o del uso de transpondedores apagados surge como la explicación técnica más viable para evadir los radares del NORAD y la FAA.
Por otro lado, la velocidad con la que los agentes federales y el FBI recibieron a los tripulantes al momento del aterrizaje alimenta la hipótesis de que existía un conocimiento previo, al menos a nivel de informantes en terreno. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos admitió que Joaquín Guzmán López mantenía negociaciones informales desde hace meses para entregarse, buscando beneficios procesales para su hermano Ovidio, quien ya se encontraba extraditado.
El destino y la identidad del piloto de la aeronave se mantienen bajo un estricto hermetismo, transformándose en uno de los reclamos centrales de la Fiscalía General de la República (FGR) en México. La falta de transparencia respecto a si el conductor se encuentra bajo custodia, si regresó a territorio mexicano o si fue ingresado al programa de testigos protegidos genera suspicacia sobre la profundidad del acuerdo previo entre «El Chapito» y las agencias norteamericanas.
Los contrastes visuales del arresto también han generado debates. Mientras las imágenes de Joaquín Guzmán López esposado y bajo custodia formal circularon de inmediato como un trofeo judicial, los registros de Zambada se mantuvieron limitados a espacios de oficina y vehículos. Fuentes judiciales atribuyen esto a su avanzado estado de salud, marcado por la diabetes y problemas de movilidad, cuidando el debido proceso legal ante una captura bajo presunta coacción.
Para mitigar el distanciamiento institucional, la administración de Joe Biden propuso una apertura de evidencias inédita a la FGR, facilitando el acceso directo al avión Beechcraft y organizando mesas técnicas binacionales en El Paso, Texas. A pesar de que estos encuentros fueron calificados de exitosos en el intercambio de datos forenses, el fondo político del asunto sigue fracturando los canales tradicionales de confianza mutua.
El desenlace de este expediente marcará un precedente definitivo en las operaciones transfronterizas de inteligencia. Mientras la diplomacia estadounidense busca mantener a salvo sus acuerdos de cooperación sin admitir transgresiones legales, la justicia mexicana continúa investigando las redes locales que facilitaron el despegue, en un escenario donde la verdad oficial parece distar de la realidad operativa.
