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Crisis de Ueno Bank en Paraguay: BCP intervino por solvencia y el Congreso aprueba anticipos a ahorristas

Por Juan Pablo Ojeda · 5 de noviembre de 2026 · Lectura de 5 min

Protesta nocturna en un centro histórico: siluetas de manifestantes con carteles en blanco frente a una línea policial y un edificio colonial iluminado, sin rostros identificables ni logotipos

Por Juan Pablo Ojeda

Asunción, Paraguay, 4 de noviembre de 2026.- El Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank luego de que su índice de solvencia cayera por debajo del 50% del mínimo exigido por la regulación. La medida activó un proceso de resolución, congeló los fondos de los depositantes y derivó en la detención de ejecutivos de la entidad. En redes sociales, sin embargo, circuló una versión distorsionada: un posteo viral afirmó que el banco “desapareció el 50% del dinero”. Esa lectura es inexacta. El 50% no describe un supuesto saqueo de depósitos, sino el umbral técnico de solvencia que motivó la intervención del supervisor.

La diferencia importa porque la crisis no se reduce a un rumor de redes. El congelamiento de cuentas dejó sin acceso inmediato a ahorros de familias, trabajadores y personas jubiladas. Según información difundida en medios paraguayos, alrededor de 32 mil jubilados mantienen depósitos en la entidad. El impacto social se hizo visible de inmediato en las calles de la capital.

El 3 de noviembre, ahorristas y jubilados se concentraron en el microcentro de Asunción, frente al Panteón de los Héroes. La protesta, que arrancó de forma pacífica, terminó con disturbios cuando un grupo intentó avanzar hacia el Congreso y fue contenido por la Policía Nacional. En paralelo, otra movilización se instaló frente a Mburuvicha Róga, la residencia oficial, con carteles que pedían la garantía del 100% de los fondos y consignas contra el presidente Santiago Peña. En ambos puntos hubo forcejeos y roces con agentes.

El 4 de noviembre la tensión se repitió. Centenares de ciudadanos autoconvocados, acompañados por integrantes de la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), universitarios y trabajadores, volvieron a abarrotar la zona del Panteón. Con pancartas y banderas paraguayas, exigieron juicio político y la destitución del presidente Peña y del vicepresidente Pedro Alliana. Manifestantes hablaron de un “golpe al bolsillo” y reclamaron castigo a quienes consideraron responsables de la crisis bancaria.

Mientras las calles pedían respuestas, el Congreso avanzó en una salida de emergencia. En sesión extraordinaria, el Senado sancionó por unanimidad la Ley N° 7745, que amplía la Ley N° 2.334/03 de garantía de depósitos y resolución de entidades financieras. El Poder Ejecutivo la promulgó el mismo día. La norma habilita un anticipo de hasta 40 salarios mínimos mensuales por depositante, calculados con el salario para actividades no especificadas en la Capital, previa compensación de obligaciones vencidas del cliente con la entidad.

Si el saldo neto tras esa compensación es menor al tope, se paga ese monto inferior. Si no queda saldo a favor, no corresponde anticipo. Quedan excluidas las personas vinculadas a la entidad o expresamente fuera de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Quien reciba un pago indebido debe restituirlo en 24 horas, sin perjuicio de responsabilidades penales.

Los desembolsos corren a cargo del FGD. El procedimiento debe iniciar dentro de las 24 horas siguientes a la entrada en vigor de la ley y concluir, a más tardar, en cinco días hábiles para procesos de resolución ya en curso, como el de Ueno Bank. El anticipo se acredita por transferencia electrónica a una cuenta del cliente en otra entidad o, si no tiene otra cuenta, mediante pago en efectivo.

Durante el debate, el senador Dionisio Amarilla buscó dar tranquilidad a la ciudadanía. Señaló que cerca de 1.4 millones de personas tienen saldos en Ueno Bank y que, en una primera etapa, recibirán hasta 40 salarios mínimos. Detalló además que unos 400 mil compatriotas solo tenían cuenta en esa entidad y que, con la ley aprobada, otros bancos habilitarían cuentas en coordinación con el BCP. La cifra de 1.4 millones subraya la magnitud del caso: no se trata de un episodio aislado, sino de un golpe a una porción amplia del sistema de pagos cotidiano.

La promulgación de la Ley 7745 no borra de un golpe la desconfianza. Familias enteras vieron bloqueados sueldos, ahorros y haberes de jubilación. Por eso las protestas mezclaron reclamo económico y demanda política. El segundo día de movilizaciones mantuvo el pedido de juicio político a Peña y Alliana, al tiempo que el Congreso y el Ejecutivo intentaban mostrar una respuesta institucional rápida: anticipos, plazos cortos y canalización a través del fondo de garantía.

Hacia la noche del 4 de noviembre, la calma regresó al microcentro capitalino. Tras una jornada de manifestaciones, incidentes y momentos de tensión frente al Panteón de los Héroes, la situación volvió a la normalidad, según reportes locales. Queda pendiente la ejecución concreta de los pagos, la explicación técnica del BCP sobre el procedimiento y el seguimiento judicial a las autoridades detenidas de la entidad.

Para el lector mexicano, el caso ilustra un riesgo recurrente en crisis bancarias: la velocidad con la que una cifra técnica —en este caso, un índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo— se transforma en una narrativa falsa de “dinero desaparecido”. Verificar esa distinción no niega el daño a los ahorristas; al contrario, permite entender qué ocurrió, qué está cubierto por la garantía y qué plazos marca la ley. Maya Comunicación dará seguimiento a la entrega de los anticipos y a cualquier actualización oficial del proceso de resolución de Ueno Bank.

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