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Suecia bloquea ChatGPT y Claude en los equipos de sus funcionarios por riesgos de seguridad

Por Editor web Maya Comunicación · 27 de octubre de 2026 · Lectura de 5 min

El Gobierno de Suecia bloqueó el acceso a las versiones de navegador de ChatGPT y Claude desde los ordenadores de trabajo de sus empleados, debido a las preocupaciones sobre la seguridad y el tratamiento de datos sensibles. La medida busca evitar que el personal gubernamental utilice plataformas que no están cubiertas por los acuerdos de protección establecidos por las autoridades.

La restricción entró en vigor el lunes 26 de octubre, de acuerdo con información difundida por la emisora pública Radio de Suecia. En su lugar, los funcionarios deberán utilizar servicios de inteligencia artificial aprobados por el Gobierno, entre ellos Copilot, la herramienta desarrollada por Microsoft.

La decisión se enmarca en las medidas que distintas administraciones públicas están adoptando para controlar el uso de sistemas de inteligencia artificial en sus actividades cotidianas, especialmente cuando los empleados pueden introducir información confidencial en plataformas externas.

Suecia advierte sobre los riesgos de utilizar IA sin autorización

Mikael Wettercrantz, director de Digitalización del Gobierno sueco, advirtió a través de la intranet gubernamental que utilizar plataformas que no estén protegidas por los acuerdos correspondientes podría tener consecuencias para la seguridad de la información oficial, según Radio de Suecia.

La preocupación se relaciona con el tipo de datos que los empleados pueden compartir al utilizar asistentes de inteligencia artificial. Estas herramientas permiten resumir documentos, redactar textos, analizar información y automatizar tareas, pero su uso también puede implicar el envío de consultas y archivos a servicios externos.

Cuando se trata de información gubernamental, es necesario conocer cómo se procesan esos datos, qué condiciones de almacenamiento se aplican, quién puede acceder a ellos y qué garantías existen para evitar su exposición. Por ello, las instituciones públicas suelen establecer reglas específicas sobre las plataformas que sus trabajadores pueden utilizar.

El bloqueo no implica necesariamente que las autoridades suecas hayan determinado que ChatGPT o Claude sean inseguros en todos sus usos. La medida responde a las condiciones bajo las cuales los funcionarios pueden emplear estas herramientas desde sus equipos laborales y a la necesidad de utilizar servicios que cumplan con los requisitos de seguridad establecidos por el Gobierno.

Algunas dependencias podrán seguir utilizando ChatGPT y Claude

Aunque la restricción impide el acceso directo a las versiones de navegador desde los ordenadores de trabajo, una parte del personal gubernamental podrá continuar utilizando ChatGPT y Claude mediante una plataforma especial desarrollada por las propias autoridades, informó Radio de Suecia.

Este mecanismo permitiría mantener el acceso a determinadas capacidades de inteligencia artificial dentro de un entorno controlado por el Gobierno. La diferencia radica en que el acceso a una herramienta no depende únicamente de sus funciones, sino también de las condiciones técnicas y de seguridad con las que se integra en los sistemas de una institución.

En este tipo de entornos, las organizaciones pueden establecer controles adicionales para gestionar los permisos, limitar el intercambio de información y definir qué datos pueden procesarse mediante inteligencia artificial. Sin embargo, las condiciones concretas de la plataforma gubernamental sueca no se detallaron en la información disponible.

La decisión refleja un enfoque en el que las administraciones buscan aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial sin permitir que los empleados utilicen cualquier servicio de manera indiscriminada.

Las advertencias sobre la inteligencia artificial se extienden a otras instituciones

La restricción llega después de que varias instituciones suecas, entre ellas la Dirección General de Tráfico, alertaran sobre los riesgos relacionados con el uso de distintas herramientas de inteligencia artificial y la protección de los datos.

Estas advertencias reflejan un desafío creciente para las organizaciones públicas: los asistentes generativos pueden agilizar tareas administrativas, pero también plantean dudas sobre la confidencialidad de los documentos, el manejo de datos personales y el cumplimiento de las normas internas.

Un empleado podría, por ejemplo, recurrir a una herramienta para resumir un informe o redactar una respuesta y, sin advertirlo, introducir información que no debería salir de los sistemas institucionales. El riesgo depende de los datos compartidos, de la configuración del servicio y de las condiciones aplicables a su tratamiento.

Por esta razón, las políticas de uso de inteligencia artificial en el sector público no se limitan a decidir qué aplicaciones están permitidas. También requieren definir procedimientos para clasificar la información, capacitar al personal y establecer controles sobre los servicios utilizados en actividades oficiales.

Copilot también estará sujeto a medidas de seguridad

Pese a que Copilot figura entre los servicios autorizados para los empleados del Gobierno sueco, las autoridades también han reforzado las medidas de seguridad relacionadas con su utilización.

Esto significa que la autorización de una herramienta no debe interpretarse como un permiso para introducir cualquier tipo de información. El nivel de acceso y las condiciones de uso pueden variar según la versión del servicio, la configuración institucional y la naturaleza de los datos procesados.

En el ámbito gubernamental, la adopción de inteligencia artificial requiere evaluar tanto las capacidades de los sistemas como las garantías de protección que ofrecen. También es importante que los empleados conozcan qué información pueden compartir y cuáles son las restricciones aplicables a sus tareas.

La decisión de Suecia pone de manifiesto que la expansión de la inteligencia artificial en las oficinas públicas está acompañada de nuevas reglas para controlar su uso. El objetivo es mantener las ventajas de estas tecnologías para el trabajo administrativo, al tiempo que se reduce el riesgo de exponer información delicada o comprometer la seguridad de los sistemas oficiales.

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