Por Bruno Cortés

Rubén Rocha Moya enfrenta orden de captura en EUA y ficha roja de Interpol por fentanilo, pero en México reporta comparecencia ante FGR sin pruebas visuales.

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, transita por un laberinto legal inédito: es considerado fugitivo de la justicia de Estados Unidos tras una acusación federal en Nueva York, mientras en México se reportó su comparecencia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, sin que existan registros visuales de su presencia física. Esta dualidad define el estatus actual del político mexicano, acusado de presuntos nexos con la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa y tráfico de fentanilo.

El Departamento de Justicia de EE. UU. y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formalizaron la acusación el 29 de abril de 2026. Se le imputan cargos de conspiración para importar narcóticos (fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas) y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos. La orden de arresto federal está activa, y la Interpol emitió una notificación roja, un mecanismo de búsqueda internacional que lo convierte técnicamente en prófugo para Washington.

En territorio nacional, la situación es distinta. Rocha Moya solicitó una licencia temporal para enfrentar el proceso. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la FGR informaron que la solicitud provisional de extradición enviada por EE. UU. no incluyó los elementos probatorios necesarios para ejecutar una orden de aprehensión inmediata bajo las leyes mexicanas. Esto le otorga libertad de movimiento en México, sin escolta federal y bajo investigación local.

El martes 26 de mayo de 2026, Rocha Moya emitió un comunicado en sus redes oficiales afirmando haber acudido voluntariamente a las oficinas de la FGR en Culiacán para rendir una entrevista ministerial. En sus palabras: «Confirmó que acudió… para comparecer… Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano…». Sin embargo, no hay imágenes de él cruzando la puerta de la delegación, ni entrando o saliendo de las instalaciones.

Aquí está el meollo del asunto: en una era donde la política es imagen, la ausencia de una foto fija de Rocha Moya entrando custodiado o saliendo por la puerta principal de la FGR alimenta la suspicacia sobre el manejo de su imagen pública. Es el «fantasma de la FGR», una versión oficial que se sostiene en la fe de un tuit y en el rastro indirecto de otros funcionarios locales que sí fueron vistos ingresar por las áreas de personal o cocheras blindadas, lejos de los reflectores periodísticos.

La prensa local documentó el movimiento de la jornada judicial ese martes, confirmando el acceso de figuras como Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, y Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal con licencia. Estas presencias indirectas validan la realización de la diligencia ministerial, pero no resuelven la incógnita sobre la presencia física directa del exgobernador.

Analistas legales precisan que el caso de Rocha Moya difiere diametralmente del de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal. García Luna radicaba en Estados Unidos y fue arrestado directamente por agentes federales en Dallas, Texas, en 2019, sin pasar por un proceso de extradición. Para procesar a Rocha Moya en Nueva York, la justicia estadounidense requiere su custodia física, un paso que depende exclusivamente de la decisión soberana del gobierno mexicano tras el análisis judicial de las pruebas que aún debe formalizar Washington.

El Tratado de Extradición Bilateral establece plazos determinados (generalmente 60 días tras la solicitud provisional) para que EE. UU. formalice el expediente probatorio. Una vez recibidas, un juez federal mexicano deberá analizar si se cumplen los requisitos legales para la extradición. De ser así, la SRE autorizaría la entrega. Si México niega la extradición, se activaría el principio aut dedere aut judicare, obligando a la FGR a juzgarlo en territorio nacional con las evidencias que envíen los fiscales extranjeros.

Una eventual negativa formal de la Cancillería mexicana podría detonar tensiones diplomáticas considerables con Washington, especialmente dada la gravedad de los cargos por fentanilo y la presunta red de protección estatal. El escenario es de control de daños y medición de fuerzas, con la vigencia de los cargos en Nueva York confinando a Rocha Moya a permanecer dentro de las fronteras nacionales, mientras la FGR integra la carpeta local utilizando la información inicial provista por el Departamento de Justicia.