Rentas en CDMX: Brugada propone tope de inflación a aumentos
Brugada envió al Congreso una ley para que las rentas en CDMX no suban más que la inflación; crea una defensoría para inquilinos y descarta congelamiento.
Por Juan Pablo Ojeda
Las rentas en CDMX ya no podrán subir por encima de la inflación anual si el Congreso capitalino aprueba la iniciativa que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó este jueves 22 de octubre. La propuesta de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles fue enviada al Congreso de la Ciudad de México y contempla siete ejes, entre ellos sanciones para quien incumpla el tope, una defensoría para inquilinos y un registro digital de contratos, de acuerdo con la conferencia de prensa difundida por la Jefatura de Gobierno y con lo reportado por Publimetro, La Crónica y Lado.mx.
“Las rentas no podrán subir por encima de la inflación. Esto ya estaba en el Código Civil. Ahora garantizaremos su cumplimiento efectivo. Para eso es esta ley”, afirmó la mandataria. Brugada insistió en que la iniciativa no congela los alquileres ni limita el derecho a la propiedad privada: “Que nadie se deje engañar y lo decimos con mucha responsabilidad y con mucha claridad: no hay congelación de rentas en esta iniciativa de ley”, sostuvo.
Por qué el Gobierno quiere un tope a las rentas en CDMX
Según las cifras que presentó el Gobierno capitalino, casi 30 por ciento de las familias de la Ciudad de México vive en una vivienda rentada, lo que representa a más de dos millones de personas. El número de personas que alquilan aumentó 54 por ciento en los últimos 15 años, mientras que el precio de la vivienda se multiplicó por cinco en las últimas dos décadas.
El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, detalló que las estimaciones de mercado ubican la renta promedio entre 16 mil 600 y 24 mil pesos mensuales, según la zona y el tipo de inmueble. En las alcaldías centrales más de 40 por ciento de las viviendas son rentadas y algunas familias de menores ingresos destinan hasta 40 por ciento de lo que ganan al alquiler, una presión que, de acuerdo con las autoridades, ha empujado el desplazamiento de hogares hacia municipios conurbados y la gentrificación.
El debate sobre el costo de la vivienda no es nuevo en la capital. En esta casa editorial se informó sobre las multas que se han planteado para propietarios que suban la renta por encima de la inflación, un punto que la nueva ley busca hacer exigible. Los montos definitivos de las sanciones dependerán de la redacción final que apruebe el Congreso, por lo que ese dato queda pendiente.
Los siete ejes de la iniciativa
La propuesta establece que los incrementos anuales no podrán rebasar la inflación y que habrá mecanismos para sancionar a quien no lo respete. También limita las garantías que se pueden exigir a quien busca rentar: una garantía de cumplimiento, además del depósito que ya prevé el Código Civil. Crea una Defensoría de Relaciones Inquilinarias, adscrita a la Procuraduría Social, con asesoría, mediación y defensa jurídica gratuita.
Los contratos tendrán una duración mínima de 12 meses y deberán inscribirse en un registro digital con protección de datos personales. El plan incluye impulsar vivienda pública en renta con participación privada, un Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos encabezado por la Secretaría de Gobierno y un Observatorio Público de Vivienda para estudiar precios, suelo y dinámicas inmobiliarias. La iniciativa prohíbe además discriminar a quien busca rentar por edad, género, origen étnico u orientación sexual, y garantiza el derecho a vivir con hijas, hijos y animales de compañía.
La regulación impone obligaciones a ambas partes. Los propietarios deberán registrar los contratos, mantener los inmuebles en buen estado y devolver los depósitos conforme a lo pactado; los inquilinos tendrán que pagar a tiempo, conservar la vivienda y no hacer modificaciones estructurales sin autorización. En el caso de los desalojos, Brugada precisó que la ley no modificará resoluciones judiciales ni impedirá que se ejecuten las órdenes de un juez, pero sí buscará acompañar a familias vulnerables y exigirá que quienes trasladen muebles tengan capacitación en derechos humanos.
Qué sigue para la ley de rentas en CDMX
La jefa de Gobierno pidió al Congreso de la Ciudad de México abrir un parlamento abierto para escuchar a propietarios, inquilinos y especialistas antes de votar. La iniciativa se suma a otras propuestas que el Ejecutivo local envió al Legislativo capitalino; el calendario de esas discusiones puede consultarse en la nota ¿Qué sigue para las cuatro iniciativas de Brugada?.
Por ahora, ninguna de las nuevas obligaciones está vigente: la propuesta se encuentra en análisis legislativo y su entrada en vigor dependerá de que se apruebe y se publique en la Gaceta Oficial. Tampoco se había dado a conocer, al cierre de esta nota, la fecha en que las comisiones del Congreso comenzarán a dictaminarla, dato que queda pendiente.
La discusión promete ser intensa. Para el Gobierno capitalino, el objetivo es frenar los abusos y el desplazamiento de familias; para una parte del sector inmobiliario, cualquier control sobre los precios puede desalentar la oferta. Brugada adelantó que defenderá la propuesta como una ley que da certeza a ambas partes y no como un congelamiento.
