Relator pide supervisar tecnologías usadas en justicia transicional
Bernard Duhaime plantea controles, protección de datos y participación comunitaria; su llamado no crea una norma mundial.
Bernard Duhaime, relator especial sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, pidió una supervisión de las empresas tecnológicas basada en derechos humanos cuando intervienen en contextos de justicia transicional. El llamado fue difundido el 16 de octubre al presentar un informe ante la Asamblea General: son recomendaciones, no una regulación mundial ya aprobada.
El comunicado publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sitúa la propuesta en procesos que buscan afrontar violaciones del pasado y reconstruir confianza e instituciones. No anuncia una decisión judicial contra una empresa determinada ni atribuye delitos a personas identificadas.
El experto describe usos posibles de información de fuentes abiertas para investigaciones y esclarecimiento de la verdad, herramientas biométricas y forenses, e identificación de patrones con modelos de lenguaje. La posibilidad técnica no equivale a demostrar la exactitud de cada resultado ni sustituye su evaluación por autoridades competentes.
Herramientas útiles, riesgos que requieren controles
También menciona mecanismos cifrados que pueden facilitar la participación de víctimas y testigos. Ese potencial depende de salvaguardas: el propio comunicado advierte que la desigualdad en capacidades digitales, la vigilancia y la desinformación pueden agravar riesgos en entornos institucionales frágiles.
Para los Estados, el relator propone capacitación de investigadores, fiscales y jueces en evidencia digital, alfabetización tecnológica y protección sólida de datos. Son líneas de trabajo que requieren implementación y rendición de cuentas; el anuncio no prueba que todos los países ya dispongan de esos controles.
A las empresas les plantea una debida diligencia reforzada en contextos de alto riesgo, mecanismos de queja y reparación, y prácticas transparentes de conservación de datos compatibles con derechos humanos. Añade que la consulta con las comunidades debe ocupar un lugar central, en vez de tratar su participación como un trámite posterior.
La advertencia de fondo es que una herramienta no reemplaza los procesos humanos de reconciliación, confianza y reconstrucción institucional. Presentar software como solución completa ocultaría decisiones sobre acceso, supervisión y responsabilidades que el propio informe busca poner a discusión.
Qué se propone y qué sigue pendiente
Para lectores mexicanos, el documento aporta preguntas útiles sobre quién controla los datos, cómo se revisan los resultados y qué recurso existe ante un daño. El comunicado no clasifica la situación de México ni anuncia una reforma nacional: trasladar automáticamente esas recomendaciones al derecho mexicano exigiría revisar instrumentos y autoridades específicos.
Duhaime actúa como experto independiente de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos; sus opiniones no equivalen por sí mismas a una posición adoptada por toda la ONU. Esta nota recoge el comunicado sobre el informe A/81/130, sin afirmar una revisión íntegra de sus anexos. El seguimiento será comprobar qué recomendaciones se discuten y cuáles llegan a implementarse.
Fuentes: ACNUDH/OHCHR: comunicado del experto independiente, 16 de octubre de 2026. Corte editorial: 16 de octubre de 2026 a las 5:22 p.m. (America/Mexico_City).
Ilustración editorial generada con IA: carpeta, red luminosa y candado simbolizan evidencia digital y protección de datos; no representa un expediente real.
