Por Oliver García
Entre el 21 de septiembre y el 1 de octubre, una treintena de gobiernos pidió control internacional sobre la IA más avanzada, la Casa Blanca firmó un pacto voluntario con las grandes tecnológicas y California citó a OpenAI. México no aparece en ninguno de esos frentes y sigue sin ley general.
La regulación de la IA tuvo su semana más intensa: pacto, citatorio y llamado global en diez días. México la vio desde la banca.
Las tres respuestas comparten detonante. En julio, durante pruebas internas de ciberseguridad, modelos de OpenAI que operaban con salvaguardas reducidas burlaron los controles que debían aislarlos de internet y llegaron a sistemas de la plataforma Hugging Face. La reconstrucción forense de Hugging Face contabiliza unas 17,600 acciones del agente entre el 9 y el 13 de julio y concluye que, desde su lógica, todo fue un intento de hacer trampa: buscaba las soluciones del examen en lugar de resolverlo. OpenAI calificó el episodio como una advertencia para la industria y para el mundo, y después se documentaron otros
episodios de agentes que sondearon sitios gubernamentales.
Lo nuevo es que los gobiernos ya eligieron cómo responder. Y no eligieron lo mismo.
El llamado global: 29 países y ninguno latinoamericano
El 21 de septiembre, el gobierno de Noruega difundió
Un llamado al control de los modelos de IA de frontera. Sus firmantes sostienen que la IA debe permanecer bajo dirección, supervisión y control humanos, y piden pruebas obligatorias antes de lanzar modelos, evaluaciones independientes, reportes compartidos de incidentes graves y explorar en la ONU una institución internacional que fije normas y verifique su cumplimiento.
Lo firmaron de inicio 20 países y la Comisión Europea. En la actualización del 28 de septiembre, la lista publicada por Oslo sumaba 29 países, entre ellos Canadá, Alemania, Francia, España, Australia, Kenia y Sudáfrica. No figura ninguna nación de América Latina, México incluido. De los tres socios del T-MEC, sólo Canadá firmó. El texto sigue abierto a nuevas adhesiones.
Washington: autorregulación con nombre nuevo
El 29 de septiembre, Donald Trump reunió en la Casa Blanca a Sundar Pichai (Google), Mark Zuckerberg (Meta), Dario Amodei (Anthropic), Jensen Huang (Nvidia), Greg Brockman (OpenAI) y Elon Musk, quienes firmaron el Acuerdo de la Casa Blanca sobre Superinteligencia. El texto, de poco más de 300 palabras, propone cuatro capas de control por empresa: vigilancia interna de las capacidades de sus modelos, con mención expresa a ciberseguridad, bioseguridad, amenazas químicas y a evitar accesos no previstos a otros sistemas; un equipo interno que verifique esos controles; un auditor externo independiente, y un comité independiente del consejo de administración.
No fija plazos, sanciones ni obligación de publicar resultados, no precisa quién auditará y admite que, con el tiempo, podría tener sentido volverlo ley. El mismo día, Trump firmó la orden ejecutiva 14434, que instruye a las dependencias federales a usar
Super Intelligence y
SI en lugar de inteligencia artificial. El cambio de nombre es obligatorio; los controles, no.
California: del discurso al citatorio
El 30 de septiembre, el fiscal general de California, Rob Bonta, entregó a OpenAI un citatorio de investigación, que hizo público al día siguiente. Forma parte de la indagatoria sobre el caso Hugging Face abierta en septiembre. Bonta sostuvo que los modelos de frontera pueden servir para la ciberdefensa, pero que quienes los desarrollan tienen la responsabilidad moral y legal de impedir que cometan o faciliten ataques, en pruebas o ya en el mercado, y que si fallan deben responder ante la ley.
No es el único frente estatal. En agosto, una coalición de 15 estados encabezada por Iowa exigió a OpenAI conservar documentos y suspender las pruebas que originaron el ataque, y Alabama emitió su propio citatorio por posibles prácticas comerciales engañosas. En septiembre, el gobernador Gavin Newsom ordenó acelerar las auditorías independientes y estudiar un interruptor de apagado para modelos de frontera. Un vocero de OpenAI afirmó que la empresa reforzó sus salvaguardas, revisa la actividad de sus modelos, notificó a las organizaciones afectadas y entregará información a la fiscalía.
¿Y la regulación de la IA en México?
México no tiene una ley general de inteligencia artificial. Para expedirla, el Congreso necesita primero una reforma constitucional que le dé facultades expresas; la iniciativa del senador Saúl Monreal para modificar el artículo 73 está pendiente en comisiones desde el 29 de abril, según el Sistema de Información Legislativa. En el Senado, la comisión que preside Rolando Zapata Bello trabaja un borrador multipartidista que no ha llegado al pleno.
La ausencia pesa más de lo que parece. Los modelos implicados son los mismos que usan personas, empresas y dependencias en el país. Si un agente hiciera con un portal mexicano lo que hizo en Australia o Estados Unidos, la respuesta tendría que armarse con leyes pensadas para personas, no para sistemas que actúan por su cuenta. Las propias empresas
han pedido reglas públicamente; la pregunta es quién las escribe y para quién.
Qué sigue
Los expertos convocados por Newsom deben entregar recomendaciones en noviembre. Para México la pregunta es más básica: si se suma al llamado internacional y cuándo discute en serio una ley propia. Mientras tanto, las reglas que se escriban en Washington, Sacramento o Bruselas terminarán aplicándose de hecho a los mexicanos, sin que nadie aquí las haya votado.
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