Moody’s baja perspectiva de México por deuda de Pemex y riesgo fiscal

Moody’s reduce la perspectiva de México a negativa por el deterioro fiscal y el rescate de Pemex, elevando el riesgo país este 20 de mayo.

Este 20 de mayo de 2026, la agencia Moody’s Investors Service modificó la perspectiva de la calificación crediticia de México de estable a negativa, además de realizar un ajuste a la baja en la nota soberana. La calificadora internacional argumentó que la decisión responde de manera directa a un deterioro fiscal sostenido y a la creciente rigidez presupuestaria provocada por los rescates financieros a Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que coloca al país a un solo peldaño de perder el grado de inversión.

Esta acción de Moody’s no llega en solitario, sino que se suma a la advertencia lanzada apenas el 12 de mayo por S&P Global Ratings, agencia que también colocó el panorama mexicano bajo la lupa con una perspectiva negativa. Con este movimiento de las firmas internacionales, el blindaje financiero del país entra en una fase de escrutinio severo, confirmando las proyecciones que consultoras como Deloitte venían reportando desde el arranque de 2025 sobre el debilitamiento estructural de las cuentas públicas.

El primer pilar que prendió las alarmas en el análisis de riesgo es la flaqueza del marco fiscal. Las cifras oficiales apuntan a un ciclo complejo donde el bajo crecimiento económico le mete el freno de mano a la recaudación de impuestos, dejando al erario con menos margen de maniobra. Al tener ingresos tributarios limitados y un gasto público rígido que no se puede recortar fácilmente, el proceso de consolidación fiscal se anticipa lento y cuesta arriba para las autoridades hacendarias.

El segundo factor que tiene con el agua al cuello a las finanzas nacionales es la pesada carga de Pemex. La petrolera estatal, clasificada previamente en categoría de grado especulativo o «basura» por Fitch Ratings, devora recursos de forma constante; de hecho, en marzo de 2026 el gobierno federal tuvo que desembolsar 14 mil millones de dólares para asumir compromisos de su deuda. Este constante flujo de capital para el rescate operativo reduce el dinero disponible para obras de infraestructura productiva, debilitando el panorama general.

El impacto directo de este ajuste en la nota soberana se transmitirá de inmediato a los mercados mediante el encarecimiento del dinero. Al incrementarse el riesgo país, el gobierno se ve obligado a subir los rendimientos de sus bonos para retener a los inversionistas, lo que le da un jalón general a las tasas de interés domésticas. Muestra de ello es que la tasa de préstamo bancario promedio en el país ya mostraba una tendencia al alza, pasando de 7.460% anual en febrero a 7.540% en marzo de 2026.

Con las tasas elevadas, el acceso al financiamiento se pone difícil tanto para los corporativos como para las familias mexicanas. El crédito al sector privado no financiero ya venía registrando desaceleraciones importantes, tocando mínimos desde 2022. En el ámbito público, proyectos de gran calado presupuestal como el «Plan México» —diseñado con una bolsa de hasta 5.9 billones de pesos para infraestructura— verán encarecidos sus costos de fondeo, abriendo la posibilidad de que diversas obras sufran retrasos o reevaluaciones operativas.

En el terreno macroeconómico, el peso mexicano ha comenzado a lidiar con una marcada volatilidad en los mercados cambiarios, registrando fluctuaciones semanales que llevaron la cotización del dólar a cotas de entre 17.39 y 17.42 pesos, pese al cierre momentáneo de 17.28 unidades reportado el día del anuncio. Esta depreciación cambiaria presiona la inflación al encarecer los productos de importación, un factor que obligará al Banco de México (Banxico) a mantener una postura restrictiva, en un entorno donde el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se proyecta por debajo del 1% para finales de 2026.

Por su parte, el sistema bancario nacional operará bajo un escenario de doble presión que pondrá a prueba su rentabilidad. Las instituciones financieras enfrentan un estrechamiento en sus márgenes de interés debido al encarecimiento en la captación de recursos y a la necesidad de elevar las provisiones por cartera vencida. Con una actividad económica marchando a paso lento, el riesgo de morosidad en créditos hipotecarios y comerciales aumenta, obligando a los bancos a amarrar los criterios de otorgamiento de capital.

Finalmente, el factor de la incertidumbre se convierte en un multiplicador del riesgo que altera las decisiones de consumo e inversión. Los consumidores, ante el temor de un bache económico, prefieren guardar el dinero bajo el colchón mediante el ahorro precautorio y posponer la adquisición de bienes duraderos. Asimismo, los inversionistas internacionales evalúan la rotación de sus carteras hacia mercados con menor volatilidad, lo que incrementa el costo de los instrumentos de protección contra impago soberano (CDS) y ralentiza la llegada de capital fresco a la economía mexicana.