México rechaza a la ONU por desapariciones: qué dijo Segob
México rechazó ante la ONU la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada. Te explicamos qué pidió el Comité, qué respondió Segob y qué sigue.
Por Anabel Beltrán
El Gobierno de México rechazó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) sobre las desapariciones en el país. La postura la expuso el martes 20 de octubre el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, de acuerdo con Excélsior, NTCD y Global Media.
El rechazo se produjo durante la presentación del informe anual del Comité, a cargo de su presidente, Juan Pablo Albán, que incluye el procedimiento abierto contra México con base en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
¿Qué pidió el Comité de la ONU sobre las desapariciones en México?
El artículo 34 de la Convención permite al Comité llevar a la Asamblea General de la ONU, por conducto del secretario general, una situación en la que existan indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se practican de forma generalizada o sistemática en un Estado parte. Es la primera vez que ese mecanismo se aplica a México.
En abril pasado, el Comité solicitó que la situación mexicana se remitiera de manera urgente a la Asamblea General, según informó entonces El País. En su decisión, el organismo concluyó que la información recibida contiene indicios bien fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, aunque precisó que no encontró pruebas de una política federal para cometerlas.
En aquel momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores calificó el informe de «parcial y sesgado», al considerar que omitía los esfuerzos institucionales presentados por el Estado mexicano y que se basaba en hechos ocurridos entre 2007 y 2019, de acuerdo con El País.
La respuesta de Segob ante la ONU
Medina Padilla afirmó ante la Tercera Comisión que «México rechaza la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención», según la cita recogida por Global Media.
«En México, la búsqueda de personas desaparecidas no se detiene. Reconocemos el dolor de las madres y familias buscadoras», dijo el subsecretario, quien añadió que «el Estado Mexicano no consiente ni tolera la desaparición de personas», de acuerdo con el mismo medio.
El funcionario expuso que el Estado mexicano conformó, con asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, un grupo de expertos internacionales para revisar con rigor científico el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. También mencionó la cooperación con Alemania, España, Noruega, Canadá y Guatemala en materia de identificación humana, así como con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según NTCD.
De acuerdo con el subsecretario, la Estrategia Nacional de Búsqueda ha permitido localizar a más de 16 mil personas durante 2026. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, difundió la postura en sus redes sociales y destacó el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, de las fiscalías especializadas y la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, según Excélsior.
Las cifras de fosas y desapariciones
La discusión internacional ocurre mientras las cifras siguen creciendo. El Registro Nacional contabiliza más de 130 mil personas sin paradero conocido, según Infobae.
La Plataforma Ciudadana de Fosas, coordinada por Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, documentó en su actualización anual que en 2025 las fiscalías estatales reportaron 651 fosas clandestinas en 16 entidades, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció apenas 32 en seis estados, de acuerdo con Infobae. Sonora encabezó el recuento local con 204 fosas, seguido de Chihuahua, con 85, y de Baja California Sur y Jalisco, con 71 cada una.
El informe agrega que las fiscalías estatales recuperaron 833 cuerpos y 226 restos humanos de fosas clandestinas en 2025, y que 11 entidades no entregaron información útil sobre estos hallazgos. Casos como el del centro de exterminio conocido como La Casita, en Nayarit, muestran la dimensión del problema en el terreno.
Qué sigue
Con la presentación del informe anual del Comité ante la Tercera Comisión, el procedimiento del artículo 34 sigue su curso en la ONU. Corresponde a la Asamblea General decidir si adopta alguna medida respecto a México. El Gobierno sostiene que la mayoría de las desapariciones son cometidas por grupos criminales y no por agentes del Estado, mientras colectivos de familias exigen resultados, como las madres buscadoras que esta semana mantienen protestas en el Estado de México.
El tema también se cruza con la memoria de desapariciones de décadas anteriores, que Maya ha abordado en la nota sobre los archivos de la Sedena sobre la Guerra Sucia.
