México Evalúa: Poder Judicial sufrió erosión sostenida entre 2018 y 2025
Estudio documenta 2,983 ataques discursivos contra jueces y recortes presupuestales de hasta el 17% que debilitan la autonomía judicial.
Por Juan Pablo Ojeda
El informe Poder Judicial en México, 2018-2025, presentado por la organización México Evalúa, concluyó que la independencia de la judicatura ha experimentado un proceso de deterioro constante durante los últimos siete años. El estudio señala que la combinación de una estrategia de deslegitimación discursiva y una política de recortes presupuestales ha comprometido la capacidad del sistema para actuar como contrapeso constitucional y garante de derechos.
Los datos analizados indican que entre 2018 y 2025 se contabilizaron 2,983 señalamientos directos contra el Poder Judicial en conferencias oficiales del Ejecutivo. La frecuencia de estos ataques aumentó de forma exponencial, pasando de 8 registros en 2018 a 867 al cierre de 2024. Estos mensajes posicionaron narrativas que etiquetaron a la institución como «corrupta» o «elitista», facilitando un ambiente de desconfianza social que precedió a reformas estructurales de gran alcance.
En la vertiente financiera, el estudio reporta que el Poder Judicial enfrentó reducciones constantes frente a sus requerimientos operativos. Si bien el recorte promedio fue del 5.6%, en los ejercicios fiscales de 2024 y 2025 la cifra alcanzó hasta un 17%. Esta restricción presupuestal limitó la inversión en infraestructura y tecnología, obligando a los tribunales a incrementar su carga de trabajo bajo esquemas de «intensificación laboral» en lugar de fortalecimiento institucional.
A pesar de la austeridad, la productividad de los juzgadores registró un crecimiento atípico. El número de asuntos resueltos por cada mil funcionarios se duplicó entre 2020 y 2023, transitando de 15,000 a 30,000 casos. Los investigadores advierten que esta métrica no debe interpretarse como una mejora en la gestión, sino como una respuesta bajo presión a una carga administrativa insostenible que pone en riesgo la calidad de las sentencias.
Durante la presentación, especialistas señalaron que las salvaguardas para la independencia judicial son urgentes frente a la propuesta de posponer la elección judicial hasta 2028. Se enfatizó que la legitimidad del juzgador no debe derivar de procesos electorales, sino de una trayectoria profesional basada en la capacitación continua y la capacidad técnica para la impartición de justicia bajo criterios de imparcialidad.
El estudio concluye con una serie de recomendaciones para frenar la erosión institucional, entre las que destaca la necesidad de establecer límites al discurso oficial que estigmatiza a otros poderes del Estado. Asimismo, propone blindar los recursos del Poder Judicial para asegurar que su funcionamiento administrativo no sea utilizado como una herramienta de presión política para subordinar las decisiones jurisdiccionales.
La advertencia de los expertos es clara: la pérdida de independencia judicial no solo afecta a los integrantes de la carrera judicial, sino que debilita el Estado de derecho en su conjunto. La polarización social, alimentada por el discurso público, ha creado un terreno fértil que, según los autores, debe ser mitigado mediante la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los perfiles técnicos dentro de la judicatura.
