Ley Antimemes pasa en lo particular y va al Ejecutivo
Diputados aprobaron la Ley Antimemes en lo particular con 281 votos y la turnaron al Ejecutivo; ninguna de las 177 reservas de la oposición prosperó.
Por Bruno Cortés
La Ley Antimemes ya va rumbo al Diario Oficial de la Federación. Tras una sesión de casi diez horas, el pleno de la Cámara de Diputados la aprobó también en lo particular con 281 votos a favor de Morena, PT y PVEM y 87 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, y turnó la minuta al Ejecutivo federal para su publicación, de acuerdo con lo reportado este jueves por Infobae, El Universal y La Jornada.
La votación en lo particular cerró el proceso que comenzó horas antes con la aprobación en lo general, por 312 votos contra 119, que se informó en esta casa editorial en la nota Ley Antimemes: Diputados la aprueban en lo general. Con el aval completo de San Lázaro, la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial queda a un paso de entrar en vigor.
Ninguna reserva de la oposición prosperó en la Ley Antimemes
De acuerdo con Infobae y con la crónica de El Universal, 88 diputadas y diputados presentaron 177 reservas a distintos artículos del dictamen y ninguna fue aceptada por la mayoría. Entre las propuestas rechazadas estuvo la que buscaba dejar fuera de sanción el uso de logotipos oficiales con fines periodísticos, educativos o de sátira, uno de los puntos que la oposición consideraba indispensable para evitar que la norma se utilice contra la crítica política.
Los legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano sostuvieron durante el debate que la redacción del nuevo tipo penal es ambigua y que podría abrir la puerta a denuncias contra caricaturas, memes o publicaciones en redes sociales que reproduzcan emblemas de gobierno. La bancada de Morena y sus aliados respondieron que el objetivo es combatir la piratería y los fraudes que se cometen con la imagen de dependencias públicas.
Las tres escalas de castigo que contempla la reforma
Según el desglose publicado por Infobae, la reforma no fija una sola pena. El primer nivel, que dio origen al apodo de la iniciativa, castiga con uno a cinco años de prisión y multa de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización a quien use o imite, a escala comercial, la identidad gráfica de una institución pública con la intención de engañar y cometer un delito. Con el valor de la UMA en 2026, ese rango equivale a entre 117 mil 310 y un millón 173 mil 100 pesos.
El segundo nivel impone de tres a siete años de cárcel a quien, sin autorización y con fines comerciales, suprima o altere la información de gestión de derechos de autor. El tercero, el más severo, se dirige a la piratería y llega hasta diez años de prisión para quien divulgue películas, libros o fonogramas antes de su lanzamiento oficial. La reforma añade además una indemnización mínima de 40 por ciento del precio de venta del producto afectado.
El análisis jurídico del artículo 403 Bis, el que concentra la polémica, puede consultarse en la nota Ley antimemes: qué castiga el 403 Bis y qué deja en duda, donde se revisan los supuestos que, según especialistas, quedan abiertos a interpretación.
Qué sigue tras el envío al Ejecutivo
Con la minuta en manos del Ejecutivo, el siguiente paso es su publicación en el Diario Oficial de la Federación, condición para que las nuevas penas entren en vigor. Hasta el cierre de esta nota no se había dado a conocer la fecha de publicación, por lo que ese dato queda pendiente. Tampoco se había informado si alguna fuerza política presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, recurso que la oposición mencionó durante el debate.
La presidenta Claudia Sheinbaum ya había fijado postura sobre el tema a principios de octubre, cuando aseguró, según recogieron Expansión y Excélsior, que la reforma no prohíbe ningún meme ni la crítica política, sino la suplantación de la identidad gubernamental para cometer fraudes. Este jueves la mandataria no fue cuestionada sobre la aprobación en San Lázaro durante su conferencia matutina.
En el recinto, la discusión estuvo acompañada de pancartas y memes impresos de la oposición, que acusó censura, mientras la mayoría defendió que el texto incluye el requisito de que exista intención de engañar para cometer un ilícito. Ese elemento, insistieron los promoventes, separa la sátira y la expresión política del fraude que se pretende castigar.
La discusión pública sobre la Ley Antimemes no terminará con su publicación. Organizaciones de defensa de la libertad de expresión y la propia oposición han adelantado que vigilarán su aplicación, y el alcance real de la norma dependerá de cómo la interpreten las fiscalías y los jueces en los primeros casos que se presenten.
