Karen Bass prohíbe operativos migratorios en propiedades municipales
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó una orden ejecutiva que marca un nuevo capítulo en la tensión entre gobiernos locales y autoridades federales en materia migratoria. Con la directiva titulada “Proteger a Los Ángeles”, la ciudad prohíbe a los agentes de migración utilizar cualquier propiedad municipal o bajo control de la ciudad para llevar a cabo operativos.
Por Juan Pablo Ojeda
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó una orden ejecutiva que marca un nuevo capítulo en la tensión entre gobiernos locales y autoridades federales en materia migratoria. Con la directiva titulada “Proteger a Los Ángeles”, la ciudad prohíbe a los agentes de migración utilizar cualquier propiedad municipal o bajo control de la ciudad para llevar a cabo operativos.
La medida surge tras meses de presión de organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes habían solicitado reforzar las protecciones ante el incremento de acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Bass fue contundente al presentar la orden: “Quiero ser clara: esto no es normal y nunca lo será. Es lo contrario de lo que se supone que debe hacer un gobierno federal”.
Los Ángeles fue la primera gran ciudad gobernada por demócratas donde se desplegaron operativos migratorios a gran escala el año pasado, lo que detonó protestas masivas en junio. Aunque la intensidad ha disminuido, los arrestos continúan, particularmente contra vendedores ambulantes y jornaleros, sectores que dependen del espacio público para subsistir.
Según denunció la alcaldesa, agentes federales han intentado instalar centros de operaciones temporales en propiedades públicas y privadas dentro de la ciudad. Con esta orden, el gobierno municipal busca cerrar esa puerta y reafirmar su autonomía administrativa.
La directiva también instruye al Departamento de Policía de Los Ángeles a preservar toda la evidencia relacionada con operativos migratorios para su documentación y eventual reporte. Además, encarga al Departamento de Planificación Urbana preparar una ordenanza que permitiría imponer tarifas a propietarios que cedan el control de sus espacios a agentes federales para estas acciones.
Más allá del alcance administrativo, la decisión tiene una fuerte carga política. Refuerza el modelo de “ciudad santuario” que varias urbes estadounidenses han adoptado y reabre el debate sobre los límites entre competencias federales y locales en materia migratoria. En un contexto de polarización nacional sobre el tema, Los Ángeles vuelve a colocarse en el centro de la discusión.
