Jueza da dos meses para revisar pruebas contra Gerardo Mérida Sánchez

El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareció este lunes 1 de junio ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde una jueza concedió dos meses para procesar y revisar el material reunido por la Fiscalía de Estados Unidos. La siguiente audiencia fue fijada para el 4 de agosto.

La audiencia de estatus duró alrededor de 20 minutos. Mérida Sánchez llegó a la sala bajo custodia, con uniforme penitenciario y esposado de pies y manos, de acuerdo con reportes de periodistas presentes en la diligencia. No se trató de un juicio ni de una sesión para presentar testigos: el objetivo fue ordenar el calendario procesal y abrir la etapa de revisión de pruebas.

La jueza Katherine Polk Failla señaló que el volumen de evidencia contra Mérida Sánchez y otros coacusados es considerable. Según las crónicas de la audiencia, la juzgadora explicó que hay varios acusados en el expediente y que podrían comparecer en distintas etapas. En términos judiciales, el caso apenas comienza a caminar por los pasillos de Manhattan.

La Fiscalía estadounidense deberá organizar el material y entregarlo a la defensa, encabezada por Sarah Krissoff, para que pueda revisar los señalamientos y preparar su estrategia. La existencia de un expediente amplio no implica que las acusaciones hayan sido probadas ante un tribunal. Mérida Sánchez conserva la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al exfuncionario sinaloense de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento. En caso de una condena por todos los cargos, enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una sanción máxima de cadena perpetua.

La acusación sostiene que Mérida Sánchez habría recibido pagos mensuales de al menos 100 mil dólares a cambio de facilitar operaciones relacionadas con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. También señala que presuntamente habría compartido información sobre operativos contra laboratorios clandestinos para permitir el retiro anticipado de equipos y drogas. Estos señalamientos forman parte de la postura de la Fiscalía y deberán ser probados en tribunales.

Mérida Sánchez ocupó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024. El 11 de mayo de 2026 se entregó a autoridades estadounidenses al cruzar por la garita de Nogales, Arizona, y posteriormente fue trasladado a Nueva York para enfrentar el proceso penal.

Su caso forma parte de una acusación más amplia contra diez funcionarios y exfuncionarios relacionados con el gobierno de Sinaloa. Entre los señalados se encuentra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, además del senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Todos deben ser considerados inocentes mientras los cargos no sean acreditados ante una corte.

La comparecencia de Mérida Sánchez es relevante porque permite observar cómo avanzará el expediente contra el resto de los acusados. La jueza deberá definir los plazos de entrega de pruebas, las solicitudes de la defensa y cualquier discusión previa a un eventual juicio. También existe la posibilidad procesal de que alguna de las partes plantee acuerdos, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial de una negociación concluida.

La audiencia tampoco resolvió una solicitud de libertad bajo fianza ni modificó públicamente las condiciones de custodia del exfuncionario. El punto central fue el calendario: dos meses para revisar un expediente que, según los reportes de sala, incluye material relacionado con Mérida Sánchez y con otros acusados del mismo caso.

El siguiente movimiento importante ocurrirá el 4 de agosto, cuando las partes regresen a la corte de Nueva York. Para entonces deberá quedar más claro qué pruebas serán discutidas, qué solicitudes presentará la defensa y si el proceso continuará rumbo a juicio o tomará otra ruta legal.