Juez Alvin Hellerstein regula manejo de pruebas confidenciales contra Nicolás Maduro
La justicia de EE. UU. impone cerco al material sensible en el caso Maduro-Flores. Se prohíbe difundir pruebas a coacusados no detenidos.
El juez federal Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, ratificó este miércoles una orden judicial que establece un protocolo estricto para la gestión de evidencias en el proceso penal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. La medida responde a una solicitud de la Fiscalía de Estados Unidos, que argumentó riesgos críticos para la seguridad de los testigos y la preservación de la investigación.
La resolución clasifica el material entregado en la fase de «discovery» (descubrimiento de pruebas), limitando su uso exclusivamente a fines de defensa legal. Bajo este régimen, los abogados de la pareja no podrán divulgar contenidos en internet, redes sociales o medios de comunicación. La orden asegura que el tribunal mantenga jurisdicción sobre estos documentos incluso después de concluido el juicio.
Una de las cláusulas técnicas más relevantes prohíbe compartir cualquier dato con coacusados que aún no han sido capturados. Entre los nombres señalados destacan el ministro Diosdado Cabello, el exministro Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Maduro Guerra y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», presunto líder del Tren de Aragua.
El protocolo permite a la Fiscalía asignar niveles de clasificación más rigurosos. En ciertos casos, el material sensible será presentado bajo sello ante el tribunal, y algunas evidencias solo podrán ser consultadas por el equipo legal, quedando restringidas incluso para los propios acusados (Maduro y Flores).
Este tipo de órdenes, comunes en casos de narcoterrorismo y crimen organizado, buscan evitar represalias contra informantes. La justicia estadounidense mantiene una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve al arresto de Maduro, quien enfrenta cargos por conspiración para importar cocaína.
La defensa había solicitado acceso total a las pruebas para preparar su estrategia, pero el juez Hellerstein determinó que el interés de seguridad pública prevalece. El proceso continúa su marcha bajo estas nuevas reglas de confidencialidad, blindando el expediente contra posibles filtraciones que beneficien a los fugitivos.
