La defensa de la soberanía nacional es un principio legítimo y necesario. México tiene derecho a impedir que gobiernos, organizaciones o intereses extranjeros intervengan en sus elecciones. El problema no está en el objetivo, sino en el diseño jurídico.

Una causal de nulidad electoral debe ser excepcional. Si se redacta de forma abierta, puede convertirse en una herramienta para judicializar derrotas, presionar al Tribunal Electoral o descalificar críticas externas legítimas.

Si se redacta con precisión, puede cerrar la puerta a financiamiento extranjero, manipulación digital y operaciones encubiertas. La línea fina está aquí: proteger la soberanía sin debilitar la deliberación democrática.