INE y ASF: Sheinbaum no está por encima de la Constitución

Por Bruno Cortés

El llamado de Claudia Sheinbaum a investigar administraciones anteriores del Instituto Nacional Electoral plantea una exigencia legítima de rendición de cuentas, pero también una frontera que la Presidencia debe respetar: puede denunciar irregularidades y aportar pruebas; carece de facultades para dirigir a la Auditoría Superior de la Federación o anticipar responsabilidades que deben acreditar otras autoridades. La división de poderes obliga también a quien ocupa Palacio Nacional. La revisión de contratos antiguos es jurídicamente posible, aunque sus cuentas hayan sido fiscalizadas; su procedencia depende de la ley, de los plazos y de los expedientes, no del peso político de una conferencia matutina.

Este 5 de noviembre, la mandataria sostuvo que las presuntas irregularidades en la proveeduría electoral anteceden a Guadalupe Taddei y cuestionó el periodo de Lorenzo Córdova. Durante la presentación de un análisis gubernamental elaborado con fuentes abiertas, utilizó la expresión “mafia electoral”. La gravedad de esa caracterización exige distinguir los señalamientos políticos de las responsabilidades demostradas mediante procedimientos legales.

La crítica constitucional tiene un punto preciso: la Presidencia rebasa su función cuando pretende convertir su posición política en criterio obligatorio para investigar o resolver. Las declaraciones consultadas no demuestran por sí solas que se haya emitido una orden formal a la ASF. Sí permiten cuestionar el juicio anticipado y la presión pública que ejerce la máxima tribuna del Ejecutivo sobre un asunto que requiere independencia técnica.

La Constitución distribuye atribuciones. Su artículo 49 establece la división de poderes; el 41 reconoce la autonomía del INE; el 79 sitúa a la ASF en la Cámara de Diputados y garantiza su autonomía técnica y de gestión. El organismo fiscalizador no forma parte del gabinete presidencial. Investigar el uso de recursos del INE está dentro del sistema de controles constitucionales; subordinar esa investigación al Ejecutivo rompería ese diseño.

En ese marco, denunciar posibles irregularidades es válido. Exigir que una auditoría confirme una narrativa presidencial sería un exceso. Lo mismo ocurriría si se impusieran personas a perseguir, conclusiones o criterios ajenos al expediente. La banda presidencial no es una orden de auditoría.

Hay un dato legal indispensable: la reforma publicada el 14 de mayo de 2026, vigente desde el día siguiente, incorporó el artículo 66 Bis a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Esa disposición permite a la ASF investigar de oficio o por denuncia presuntas faltas administrativas graves, independientemente del proceso de fiscalización y del ejercicio fiscal involucrado. Por tanto, sería incorrecto sostener que todo hecho anterior quedó fuera de su alcance.

Esta facultad tampoco autoriza una reapertura general e ilimitada de cuentas. El artículo 22 permite consultar antecedentes bajo supuestos determinados, sin reabrir por ello el ejercicio anterior. Los artículos 59 a 65 regulan otra vía: la revisión de ejercicios anteriores derivada de denuncias, con dictamen del área competente y autorización del titular. Investigar responsabilidades, consultar antecedentes y volver a fiscalizar una gestión son actuaciones distintas.

Cuando se utiliza el procedimiento de fiscalización por denuncia, el artículo 60 exige sustento documental y descripción de los hechos y del ejercicio correspondiente. El reclamo presidencial no sustituye esos requisitos.

La propia ASF anunció el 4 de noviembre tres líneas de trabajo: investigaciones de oficio, un estudio histórico de adquisiciones de 2000 a 2025 y una auditoría integral al INE y al gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales. Esa distinción importa: reconstruir veinticinco años de contrataciones no significa que todas las conductas de ese periodo puedan sancionarse hoy.

Una Cuenta Pública revisada no equivale a una absolución universal. El artículo 74 constitucional mantiene el trámite de observaciones y acciones después de concluir la revisión; el artículo 46 de la ley de fiscalización señala que aprobar el dictamen no suspende las acciones promovidas por la ASF.

Además, cada auditoría tiene un alcance. La revisión 229 de la Cuenta Pública 2023, por ejemplo, examinó una muestra del 78.4% del presupuesto del programa de dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico del INE. Ese informe no certifica la legalidad de todos los contratos del instituto ni permite asegurar que cada operación hoy señalada ya fue examinada.

Pero las resoluciones anteriores tampoco pueden tratarse como papel desechable. La autoridad debe identificar qué se revisó, qué se solventó y qué quedó firme. El artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas permite reabrir una investigación archivada por falta de elementos cuando aparecen nuevos indicios o pruebas y no ha prescrito la facultad sancionadora.

Una decisión firme en un procedimiento sancionador exige un examen adicional: la prohibición de doble enjuiciamiento protege frente a la repetición cuando coinciden persona, hechos y fundamento. La fiscalización previa y la cosa juzgada son categorías diferentes; ninguna debe manipularse para fabricar inmunidad o para justificar persecuciones repetidas.

El otro límite es el tiempo. La legislación general establece, como regla, tres años para faltas administrativas no graves y siete para graves y faltas de particulares, con reglas específicas de cómputo e interrupción. El plazo no comienza de nuevo porque el asunto llegue a la mañanera. Tampoco basta llamar “red” a una sucesión de contratos para demostrar que existe una conducta continuada.

Los hechos antiguos requieren revisar la legislación aplicable al momento de su comisión y el régimen transitorio correspondiente. Una reforma posterior no debe utilizarse para revivir responsabilidades extinguidas ni para imponer retroactivamente consecuencias más perjudiciales. En materia penal, la prescripción depende del delito y de sus propias reglas; no puede confundirse con el plazo administrativo.

También hay una debilidad en atribuir responsabilidad por asociación institucional. Los organismos públicos locales electorales tienen personalidad, patrimonio y autonomía propios. Que el Consejo General del INE haya designado consejerías estatales no demuestra que quien lo presidía autorizó, conoció o encubrió cada contratación local. Una imputación por omisión requiere identificar el deber concreto incumplido y acreditar los elementos de la infracción.

La ASF, además, debe justificar el vínculo de los recursos examinados con su competencia federal, incluidas las participaciones. Las adquisiciones pagadas exclusivamente con recursos locales requieren considerar las atribuciones estatales. El carácter electoral de un contrato no federaliza por sí mismo toda su fiscalización.

Desde una valoración editorial, el exceso presidencial aparece al sustituir la prudencia institucional por una caracterización que coloca sospechosos en el espacio público de la culpabilidad. La lucha contra la corrupción pierde legitimidad cuando la investigación recibe una conclusión política por adelantado.

La presunción de inocencia también protege fuera de los tribunales. Un criterio de tribunal colegiado publicado en el Semanario Judicial advierte que cualquier autoridad pública puede vulnerarla mediante declaraciones y exige prudencia antes de una condena. Ese estándar obliga a evaluar el lenguaje utilizado, aunque no permite afirmar, sin una resolución competente, que estas declaraciones ya constituyan una infracción jurídicamente declarada.

La responsabilidad debe individualizarse y probarse. Ante faltas graves, la ASF investiga y promueve el procedimiento correspondiente; la sanción compete al tribunal. Ante posibles delitos, presenta denuncias para la intervención ministerial. Ninguna de esas funciones se traslada al atril presidencial.

Para evaluar la legalidad de las actuaciones anunciadas todavía se necesitan los acuerdos de inicio, su fundamento, los contratos delimitados, las auditorías previas y el análisis de prescripción. La información pública consultada permite sostener que existen vías legales de investigación; no acredita que cada actuación ya cumpla sus requisitos ni demuestra la culpabilidad de las personas señaladas.