FGR: Inés “N”, detenida en Florida, tiene tres órdenes de aprehensión por desvío millonario en penales federales
Por Juan Pablo Ojeda
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este 2 de noviembre que Inés “N”, detenida el pasado 30 de octubre en el estado de Florida por autoridades migratorias de Estados Unidos, tiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México, todas libradas por jueces federales, y que serán ejecutadas de inmediato si es deportada al país.
En un mensaje difundido por los canales oficiales de la FGR, la fiscal general detalló las acciones que la institución ha emprendido en el caso. “Informo al pueblo de México sobre las acciones de la Fiscalía General de la República en el caso de Inés ‘N’”, señaló al inicio de su intervención.
Tres órdenes de aprehensión en su contra
De acuerdo con la Fiscalía, la primera de las órdenes fue solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, por la probable participación de Inés “N” en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido comúnmente como lavado de dinero.
Las otras dos órdenes fueron solicitadas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial, por el delito de defraudación fiscal equiparada.
El esquema: empresas fantasma y recursos de penales federales
Según las investigaciones de la FGR, Inés “N” habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, a través de empresas fantasma.
“Estas conductas son graves. El esquema investigado se articuló en torno a contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos con el órgano responsable de los centros penitenciarios federales. Recursos que son destinados a la seguridad del sistema penitenciario del país”, afirmó la fiscal general.
La dependencia explicó que las empresas fantasma simulan operaciones para desviar recursos del erario y ocultar su destino, mientras que el lavado de dinero busca garantizar ganancias privadas ilegales a costa de los presupuestos públicos. “Cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de mexicanas y mexicanos”, subrayó.
Más de 13 millones en impuestos omitidos
Además del presunto desvío, la FGR señaló que Inés “N” habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, con lo que habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos. Por esos hechos se sustentan las dos órdenes por defraudación fiscal equiparada.
La ruta hacia su entrega a México
La Fiscalía recordó que, desde que Inés “N” salió del país, ha actuado para presentarla ante la justicia mexicana. En septiembre de 2025 solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición y, en coordinación con el Departamento de Justicia de ese país, integró la petición formal correspondiente.
En las últimas semanas, añadió, la FGR intercambió información con autoridades estadounidenses y les fueron entregadas las órdenes de aprehensión vigentes.
No obstante, la fiscal general precisó que la detención en Florida obedece, por ahora, a la situación migratoria de Inés “N”, cuya resolución corresponde a las autoridades de Estados Unidos. “De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”, aseguró.
Presunción de inocencia
La FGR enfatizó que Inés “N” goza de la presunción de inocencia y que serán los tribunales mexicanos, conforme a derecho y con respeto al debido proceso, los que determinen su responsabilidad. En los materiales difundidos, la Fiscalía incluyó la leyenda de que se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia, de acuerdo con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
“A esta Fiscalía le corresponde que comparezca ante los tribunales mexicanos. Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias”, concluyó la fiscal general.
El caso se suma a las investigaciones sobre el uso de recursos destinados al sistema penitenciario federal, un rubro que maneja contratos multimillonarios para la operación y seguridad de los centros de reclusión del país. Su desenlace dependerá ahora de la decisión migratoria que tomen las autoridades estadounidenses y, en su caso, del proceso que se abra en tribunales federales mexicanos.
