El «ojo de Dios» del sexenio pasado está bajo la lupa de Washington. Autoridades de Estados Unidos y la FGR investigan al General en retiro Audomaro Martínez Zapata, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por presuntamente orquestar una red transnacional de «huachicol fiscal» y lavado de dinero que involucra a su círculo familiar más íntimo y amenaza con desestabilizar la narrativa de seguridad de la administración anterior.

Las indagatorias binacionales apuntan a un esquema de defraudación macroeconómica que operó desde las entrañas del aparato de seguridad nacional. Según reportes de agencias estadounidenses, el mecanismo consistía en la sustracción de hidrocarburos de Pemex, su traslado y «blanqueo» en refinerías de Texas, y su reintroducción a México bajo fracciones arancelarias falsas —como aceites o lubricantes— para evadir el pago del IEPS y el IVA.

El conflicto de interés documentado es monumental. Mientras Martínez Zapata dirigía el organismo encargado de combatir el robo de combustible, su esposa, Diana Yamiletta Hernández, y su hijo, Óscar Audomaro Martínez, consolidaban un emporio de empresas de seguridad privada y comercialización de hidrocarburos. El monto de los contratos federales adjudicados a este conglomerado familiar supera los 500 millones de pesos desde 2019.

La red de complicidades trasciende al CNI y alcanza a la cúpula castrense. Investigaciones periodísticas y financieras vinculan a operadores de esta trama con la venta de inmuebles de lujo al exsecretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y con sobrinos del exalmirante secretario Rafael Ojeda Durán en la logística aduanera. Se investiga a más de 500 empresas, muchas de ellas «fachada», creadas exprofeso durante el sexenio pasado.

En el sureste mexicano, la gestión de Martínez Zapata coincidió con la expansión hegemónica del grupo criminal «La Barredora». Pese a recibir más de 30 reportes de inteligencia clasificados sobre la operación de este cártel en Tabasco, Veracruz y Chiapas, la dirección del CNI optó por la omisión operativa, permitiendo que el crimen organizado controlara las rutas del trasiego de combustible sin intervención federal efectiva.

El uso faccioso de la inteligencia estatal también es parte del expediente. Testimonios ministeriales, incluido el del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalan que el aparato de espionaje del Estado se utilizó para «fabricar» crisis y expedientes contra rivales políticos internos, como el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, en una guerra intestina por el control territorial y la sucesión presidencial.

La manipulación de la información llegó al escritorio presidencial. Durante la crisis de los normalistas de Ayotzinapa, el CNI presentó informes que criminalizaban a los padres de las víctimas y advertían sobre supuestos planes insurreccionales financiados con 200 millones de pesos, sembrando paranoia en Palacio Nacional para bloquear el diálogo y blindar políticamente a figuras del gabinete de seguridad.

La respuesta del actual gobierno ha sido de contención. Cuestionada sobre las pesquisas, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró desconocer las investigaciones, delegando la responsabilidad en la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, la presión del Departamento de Justicia de EE.UU., que persigue delitos de lavado de dinero en su sistema financiero, rompe el blindaje de impunidad doméstica.

Analistas de seguridad nacional advierten que la penetración del crimen organizado y el interés de lucro en la cúpula de inteligencia vulneran la cooperación bilateral. La investigación estadounidense no solo busca activos financieros, sino que envía un «mensaje envenenado» al establishment político mexicano: la protección institucional local no tiene validez ante los tribunales extraterritoriales cuando se utiliza el sistema bancario de Texas para lavar dinero ilícito.

EL DATO DURO (Contexto): Para que calibres el tamaño del cinismo: el CNI de Audomaro tenía un presupuesto anual superior a los 2,600 millones de pesos destinados a «seguridad nacional». Mientras el General nos juraba que ya no se espiaba a nadie, sus empresas familiares facturaban millones y el huachicol fiscal le costaba al erario público cerca de 400 mil millones de pesos al año en evasión, según cifras del propio SAT. Negocio redondo: cobraban por vigilar y cobraban por dejar pasar.