Enrique “N”, sacerdote detenido en CDMX por presunto abuso sexual; Iglesia anuncia medidas internas
Ciudad de México.- La detención de un sacerdote identificado como Enrique “N”, señalado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual contra un menor de edad, reavivó el debate sobre la actuación de las instituciones religiosas frente a denuncias de violencia sexual. Tras conocerse el caso, la Arquidiócesis Primada de México informó que colaborará con las autoridades civiles y que inició el procedimiento canónico correspondiente.
La Arquidiócesis Primada de México indicó, mediante un comunicado oficial, que al momento de emitir su posicionamiento aún no había recibido una notificación formal sobre la aprehensión; sin embargo, manifestó su «plena disposición para colaborar» con las investigaciones que desarrollen las autoridades competentes. Asimismo, informó que el cardenal Carlos Aguiar Retes ordenó la apertura de la investigación previa conforme al derecho canónico y a los lineamientos establecidos por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
De acuerdo con la información difundida por autoridades y organizaciones vinculadas al caso, Enrique “N” fue detenido el pasado 9 de julio en las inmediaciones de la parroquia San Martín de Porres, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc. La investigación se relaciona con una denuncia por presunto abuso sexual cometido en agravio de un menor de edad, cuya identidad permanece reservada en cumplimiento de la legislación vigente.
La organización Spes Viva señaló que el sacerdote contaba con aproximadamente 25 años de actividad ministerial y llamó a que el proceso judicial se desarrolle sin privilegios ni excepciones derivadas de su condición religiosa. La agrupación también pidió que no se invoque ningún tipo de «fuero eclesiástico» que pudiera obstaculizar el acceso a la justicia o favorecer escenarios de impunidad.
En su comunicado, la Arquidiócesis sostuvo que mantendrá cercanía con la víctima, su familia y cualquier otra persona que pudiera resultar afectada por los hechos investigados. Además, precisó que aplicará las medidas cautelares previstas en la normativa eclesiástica, dejando en claro que estas acciones internas no sustituirán ni interferirán con las investigaciones que llevan a cabo las autoridades civiles.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio los mecanismos de prevención, atención y sanción frente a denuncias de abuso sexual dentro de instituciones religiosas. En los últimos años, tanto la Iglesia católica como organismos de derechos humanos han enfrentado exigencias para fortalecer los protocolos de protección de niñas, niños y adolescentes, así como garantizar que las denuncias sean investigadas con transparencia y sin dilaciones.
Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han informado públicamente mayores detalles sobre la carpeta de investigación, debido a la naturaleza del caso y a la protección de la víctima. Conforme al principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, la responsabilidad penal del sacerdote deberá ser determinada por la autoridad judicial competente.
La Arquidiócesis reiteró que dará seguimiento al proceso canónico en paralelo al desarrollo de las investigaciones civiles, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.
