El árbitro renuncia, la carretera se cierra y el Senado se endeuda
La Jabalinada / Bruno Cortés
En México las instituciones no se caen: se desinflan. Primero una nota, luego una auditoría, después una cuenta congelada y, al final, una carta de cuatro párrafos que habla de serenidad, deber cumplido y 33 años de servicio. De los contratos, ni una palabra.
Este lunes llegó a San Lázaro el oficio de Guadalupe Taddei con su renuncia a la presidencia del INE, «con efectos a partir del día de hoy». La Auditoría Superior de la Federación ya investiga contratos por 514 millones de pesos otorgados a empresas del proveedor José Alfredo Hernández Casillas, y la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Cajas Graf y Corporativo Zeg. Esta última, según la ASF, tenía cinco empleados registrados, obtuvo contratos por 184 millones y transfirió 167 millones a otras cuatro compañías. Cinco empleados. Eficiencia de primer mundo.
Conviene la salvedad jurídica: no hay sentencia, hay investigación. Taddei tiene derecho al debido proceso y a que nadie la condene en la sobremesa. Pero el problema del árbitro no se mide en tribunales, se mide en confianza. Y la confianza, a diferencia de las cuentas, no se descongela con un oficio.
Lo delicado es el calendario. El proceso electoral 2026-2027 arrancó el 10 de septiembre y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados sesionará este martes a las ocho de la mañana para aprobar la convocatoria del relevo. Quien llegue tendrá menos de un año antes de la elección de junio. No es una sustitución: es un cambio de portero con el partido en tiempo agregado.
Desde Palacio, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la salida le parece adecuada y que «el INE no interrumpe su tarea». Tiene razón en lo segundo y en exhibir que el presidente del PRI hablando de honestidad es, en sus palabras, «un chiste que se cuenta solo». Pero la oposición no es la única que debería preocuparse: la mayoría oficialista tendrá la llave del relevo, y ahora le toca demostrar que busca un árbitro, no uno de casa.
Mientras en San Lázaro se recibía la carta, en las carreteras se recibía otra cosa: tráileres estacionados. La Canacar, con Fematrac, Hamotac e Indeco, convocó a un paro nacional indefinido, con bloqueos parciales desde las ocho de la mañana en accesos a la capital como la México-Pachuca, la México-Querétaro y la México-Toluca. La ANTAC se bajó del camión a última hora, por falta de objetivos claros. Ni el gremio se puso de acuerdo en a dónde iba.
El gobierno respondió con aritmética: el ajuste baja de 300 a 250 millones de pesos el umbral de ingresos para el estímulo fiscal en peajes, y afectaría a unas 170 empresas de más de 2 mil. Los transportistas pedían subirlo a 420 millones. Hasta ahí, una discusión de contadores. Lo que no cabe en la hoja de cálculo es lo otro: la Canacar contabiliza más de 1,100 robos al sector hasta septiembre, y los registros que cita el propio gremio suman 3,646 denuncias y 15 operadores asesinados en el mismo periodo.
Traducción jabalí: el pleito se anunció por las casetas, pero el miedo viaja en la cabina. Por las carreteras se mueve más del 80 por ciento de las mercancías del país, y cada asalto lo terminamos pagando en el anaquel. Gobernación promete mesas de diálogo. Los choferes ya conocen las mesas; lo que piden es una patrulla.
Y en el Senado, la otra cuenta. La bancada de Morena se prepara para aprobar la Ley de Ingresos 2027, con un techo de endeudamiento de 1.7 billones de pesos que la oposición considera una bomba de tiempo. En medio se le atravesó el ajuste a la Modalidad 40 del IMSS, que tomó por sorpresa a miles de trabajadores a punto de jubilarse. Deuda para el Estado, letra chica para el pensionado.
El mismo Senado, por cierto, descubrió que tiene 2 mil 853 iniciativas sin dictaminar, más de 200 de ellas reformas a la Constitución que ya perdieron vigencia. El presidente de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, explicó que en dos años se dio prioridad a las iniciativas del Ejecutivo, con 29 reformas constitucionales aprobadas desde septiembre de 2024. Es decir: la Carta Magna se reformó a ritmo de mañanera, y lo que propusieron los propios senadores se fue al cajón hasta caducar.
Nadie dice que el país esté en llamas. El INE seguirá organizando elecciones y los camiones volverán a rodar. Pero este lunes dejó una postal incómoda: un árbitro sin presidenta, unas carreteras sin garantías y un Congreso que aprueba deuda con prisa y deja a la Constitución con pendientes vencidos.
P.D. 1. — Ojo con el relevo. Si la convocatoria sale exprés y el perfil llega palomeado desde antes, el problema del INE habrá cambiado de nombre, no de fondo.
P.D. 2. — Ojo con la cabina. Bajar el umbral fiscal puede ser defendible; no atender los 15 asesinatos de operadores, no.
Cambian los consejeros, cambian los umbrales, cambian los techos de deuda. Lo que no cambia es la factura.
Y esa siempre llega a la misma dirección.
