EE. UU. autoriza pago de defensa legal a Nicolás Maduro y Cilia Flores
OFAC modifica licencias permitiendo al Gobierno venezolano pagar honorarios legales a Maduro y Cilia Flores bajo restricciones financieras.
Por Juan Pablo Ojeda
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha permitido una modificación en las sanciones contra el Gobierno de Venezuela, autorizando el pago de honorarios para la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Según documentos judiciales emitidos recientemente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha publicado licencias enmendadas que habilitan el flujo de recursos para cubrir los costos procesales del matrimonio, actualmente encarcelado en Nueva York.
La medida establece condiciones estrictas para la transferencia de fondos: el capital utilizado debe haber estado disponible para el gobierno venezolano después del 5 de marzo de 2026 y no puede provenir de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros. Este ajuste representa un cambio táctico en la administración de Donald Trump, que anteriormente había bloqueado cualquier movimiento financiero alegando riesgos a la seguridad nacional.
La decisión surge tras la presión ejercida por el equipo de defensa, liderado por Barry Pollack, quien argumentó que la negativa inicial a permitir pagos infringía la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, la cual salvaguarda el derecho a la representación legal. La estrategia de defensa buscaba la desestimación del caso basándose en esta vulneración constitucional.
El juez del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, cuestionó previamente la postura de la Fiscalía, al determinar que, tras la captura de la pareja en Caracas el pasado 3 de enero, el riesgo para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido significativamente. Esta percepción judicial fue un catalizador para que el Departamento de Justicia reconsiderara su negativa.
Nicolás Maduro, de 63 años, y Cilia Flores, de 69, enfrentan cargos por conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína. Ambos se han declarado «no culpables». El proceso legal, dado su nivel de complejidad, tiene un horizonte temporal proyectado de uno a dos años para el inicio del juicio formal.
El caso marca un precedente en la aplicación de sanciones económicas y el derecho a la defensa dentro del sistema judicial de EE. UU. La viabilidad financiera de la defensa era un punto muerto que amenazaba con paralizar el procedimiento antes de su etapa de fondo, un escenario que el sistema judicial ha optado por evitar mediante esta concesión técnica.
