Dos millones de personas rentan vivienda en CDMX; gobierno propone regular los aumentos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó los principales alcances de la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, con la que busca contener el encarecimiento de la vivienda, combatir la especulación inmobiliaria y reducir los desplazamientos de habitantes por el aumento de los alquileres. La propuesta establece que las rentas no podrán incrementarse por encima de la inflación anual y contempla mecanismos de protección tanto para arrendatarios como para propietarios.

Durante una conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina rechazó que el proyecto contemple congelar los precios de los alquileres o vulnerar la propiedad privada. Sostuvo que el objetivo es establecer reglas claras para las relaciones entre quienes rentan una vivienda y quienes la ponen en arrendamiento, en un contexto de creciente presión económica sobre los hogares capitalinos.

De acuerdo con las cifras presentadas por el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, alrededor de dos millones de personas viven en viviendas rentadas en la capital y existen más de 813 mil inmuebles destinados al alquiler, con base en datos de la Encuesta Intercensal 2025 citados por el funcionario. Asimismo, señaló que los precios promedio de renta se ubican entre 16 mil 600 y 24 mil pesos, dependiendo de la zona y las características de los inmuebles.

Brugada afirmó que cerca de 30 por ciento de las familias capitalinas renta su vivienda y que, durante los últimos 15 años, el número de personas que recurren a esta modalidad aumentó 54 por ciento. Añadió que en algunas zonas las familias destinan hasta 40 por ciento de sus ingresos mensuales al pago de vivienda, situación que, según el gobierno local, evidencia la necesidad de revisar las condiciones del mercado inmobiliario.

Siete ejes para regular las relaciones entre inquilinos y propietarios

La iniciativa contempla siete líneas de acción. La primera consiste en establecer que los incrementos de renta no superen la inflación anual, con instrumentos jurídicos y sanciones para quienes incumplan la disposición. La medida pretende limitar aumentos que dificulten la permanencia de las familias en sus hogares, aunque su alcance dependerá de las reglas de aplicación y de los mecanismos de vigilancia que se establezcan.

El segundo eje propone una Carta de Derechos y Obligaciones para arrendadores y arrendatarios. Entre sus objetivos está limitar los requisitos para rentar una vivienda, evitar exigencias excesivas de garantías, avales o pólizas jurídicas y prohibir prácticas discriminatorias. También busca definir con mayor claridad las responsabilidades de ambas partes durante la vigencia de los contratos.

Como tercer punto, se plantea crear una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, adscrita a la Procuraduría Social, que brindaría orientación, mediación, conciliación y patrocinio jurídico gratuito. La consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, explicó que esta instancia buscaría atender controversias antes de que escalen a procedimientos judiciales, además de ofrecer acompañamiento especializado a propietarios e inquilinos.

El cuarto eje contempla contratos con una duración mínima de un año y un registro digital protegido para dar seguimiento a los acuerdos de arrendamiento. La propuesta también prevé sanciones ante incrementos ilegales o daños a los inmuebles, con la intención de fortalecer la certeza jurídica y reducir los conflictos derivados de acuerdos poco claros.

El quinto punto busca ampliar la oferta de vivienda social y asequible mediante la participación del sector privado, incluidos posibles apoyos para propietarios que suscriban contratos multianuales. El gobierno capitalino fijó para 2030 la meta de realizar 200 mil acciones de vivienda: 80 mil corresponderían a nuevas viviendas y 120 mil a procesos de mejoramiento integral en barrios populares.

Desalojos: acompañamiento social sin sustituir las decisiones judiciales

En materia de desocupación de inmuebles, el sexto eje propone crear un Gabinete de Acompañamiento Social ante los Desalojos, encargado de intervenir en casos que involucren a familias vulnerables y buscar alternativas habitacionales o apoyos para renta. El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, señaló que este mecanismo deberá respetar las resoluciones judiciales y no interferir en las facultades de jueces y tribunales.

La propuesta también contempla capacitar al personal que participa en mudanzas y resguardos de pertenencias para prevenir agresiones durante las diligencias. Según lo expuesto por el gobierno capitalino, se buscará que los procedimientos se desarrollen de manera pacífica, evitar que los bienes de las familias terminen abandonados en la vía pública y ofrecer alternativas para quienes enfrenten una situación de vulnerabilidad.

El séptimo componente corresponde al seguimiento de la situación habitacional mediante un Observatorio Público de Vivienda, que permitiría reunir información para la planeación y evaluación de las políticas públicas. La iniciativa también incorpora el concepto de gentrificación como un proceso de exclusión social relacionado con las desigualdades territoriales, en concordancia con los objetivos del Bando Uno impulsado por la administración capitalina.

El debate legislativo será determinante

Brugada llamó al Congreso de la Ciudad de México y a los distintos sectores involucrados a participar en un debate abierto para analizar la iniciativa y alcanzar consensos. La mandataria sostuvo que la propuesta busca proteger el derecho a la vivienda sin desconocer los derechos patrimoniales de los arrendadores.

Sin embargo, la presentación de los objetivos gubernamentales no resuelve por sí misma los desafíos de implementación. La eficacia de la regulación dependerá de la definición de procedimientos, la capacidad institucional para atender denuncias, la aplicación efectiva de sanciones y la disponibilidad de mecanismos accesibles de defensa jurídica para ambas partes.

También será necesario evaluar cómo se aplicará el límite de los incrementos, qué autoridad verificará su cumplimiento y cuáles serán las vías para resolver posibles controversias. La protección frente a desalojos violentos, por su parte, deberá operar sin desconocer los derechos de propiedad ni las resoluciones judiciales.

La discusión legislativa será clave para determinar si la iniciativa logra equilibrar los derechos de inquilinos y propietarios, contener los aumentos desproporcionados y ampliar el acceso a vivienda asequible en una ciudad donde el costo de rentar representa una carga significativa para miles de hogares.

Fuentes institucionales: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Vivienda, Secretaría de Gobierno, Consejería Jurídica y de Servicios Legales y Procuraduría Social, conforme a la información presentada el 22 de octubre de 2026.