Directivos de Magnicharters evaden a autoridades por deuda de 150 millones
Profeco y AFAC reportan ilocalizables a los dueños de Magnicharters tras el abandono de pasajeros y agencias por una quiebra financiera.
Por Juan Pablo Ojeda
La cúpula directiva de Magnicharters ha optado por la evasión de sus responsabilidades jurídicas tras paralizar las operaciones de la aerolínea. Los registros de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirman que los dueños y representantes legales se encuentran en calidad de prófugos ante las instancias regulatorias.
El ocultamiento de los altos mandos impide la ejecución de los protocolos de resarcimiento de daños. La empresa enfrenta un requerimiento de liquidez por más de 150 millones de pesos, producto de los compromisos financieros incumplidos con agencias de viaje que pagaron por adelantado bloques de asientos y capacidad de carga que la aerolínea no está en condiciones de operar.
El abandono corporativo se materializó el pasado sábado, cuando las aeronaves no despegaron de las terminales base, dejando a los pasajeros varados sin presencia de personal de la aerolínea en los mostradores. Esta omisión violenta las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y los lineamientos de atención a usuarios en caso de demora o cancelación imputable a la empresa.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) intervino mediante la inhabilitación del Certificado de Operador Aéreo. La suspensión temporal funciona como una medida cautelar para evitar la comercialización de nuevos boletos, bloqueando técnicamente las matrículas de la flota hasta que la administración responda a los citatorios oficiales.
Las dependencias de gobierno enfrentan un escenario de vacío legal. Al no existir un interlocutor acreditado por parte de Magnicharters, las notificaciones de multas, requerimientos de conciliación y demandas de cumplimiento de contrato se acumulan en expedientes sin que la autoridad pueda ejecutar embargos precautorios o mediaciones obligatorias.
El Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas y Aeronáuticas (INIJA) ya documenta este caso bajo la categoría de quiebra. Esta clasificación técnica agrava la situación legal de los directivos, toda vez que las leyes mercantiles exigen la declaración de concurso mercantil para proteger los activos y ordenar el pago a acreedores, procedimiento que no ha sido iniciado por la aerolínea.
La respuesta de Magnicharters se ha limitado a la emisión de comunicados de prensa. Mientras las autoridades de aviación y procuración de justicia buscan a los dueños por los 150 millones desaparecidos en la cadena comercial, la empresa se escuda en un boletín donde lamenta la situación y afirma operar bajo la «debida diligencia», sin aportar coordenadas sobre sus responsables legales.
