Debate en CDMX: ¿regular redes sociales o restringir libertades digitales de menores?
En respuesta al incremento de riesgos digitales que enfrentan niñas, niños y adolescentes, el Congreso capitalino recibió una iniciativa que busca regular el acceso y uso de redes sociales para menores de 16 años, planteando controles parentales obligatorios y mayores responsabilidades para las plataformas tecnológicas.
La propuesta fue presentada por el diputado Pedro Haces Lago ante el Congreso de la Ciudad de México, con el objetivo de reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El planteamiento surge en un contexto de creciente preocupación por el impacto del entorno digital en la salud mental y la seguridad de menores de edad.
De acuerdo con datos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, siete de cada diez menores en la capital tienen acceso a redes sociales, muchas veces sin mecanismos de protección adecuados. Este panorama, advirtió el legislador, los expone a dinámicas de acoso, extorsión y presión social con consecuencias reales fuera del ámbito virtual.
El legislador sostuvo que los entornos digitales han desplazado espacios tradicionales de convivencia, lo que ha incrementado la vulnerabilidad de este sector. En tribuna, alertó que los daños asociados al uso de plataformas digitales “no son virtuales”, al tiempo que subrayó la urgencia de una intervención legislativa que priorice el interés superior de la niñez.
Cifras de la UNICEF refuerzan el diagnóstico: cerca del 25 por ciento de adolescentes ha experimentado algún tipo de ciberacoso, incluyendo amenazas, intimidación o difusión indebida de información personal. Estas prácticas, según especialistas, están vinculadas a problemas como ansiedad, baja autoestima y pérdida de control en el uso de plataformas.
La iniciativa propone que el acceso a redes sociales para menores de 16 años no sea irrestricto, sino que requiera autorización expresa de madres, padres o tutores. Asimismo, contempla la implementación de programas de alfabetización digital dirigidos a estudiantes, familias y docentes, como medida preventiva frente a riesgos en línea.
Otro eje relevante es la corresponsabilidad de las empresas tecnológicas. El proyecto plantea que los proveedores de redes sociales deberán establecer mecanismos eficaces de verificación de edad, garantizar el consentimiento parental verificable e incorporar herramientas de supervisión y control accesibles para los tutores.
El proceso legislativo establece que la iniciativa deberá ser analizada en comisiones, particularmente en la de Atención al Desarrollo de la Niñez, antes de ser discutida en el Pleno del Congreso local. En caso de ser aprobada, será remitida al Congreso de la Unión para continuar su trámite, dado que se trata de una ley de carácter general.
Si bien la propuesta se presenta como una medida de protección, abre el debate sobre los límites entre regulación, derechos digitales y libertad de acceso a la información. Organismos especializados han señalado que cualquier reforma en esta materia deberá equilibrar la protección de menores con el respeto a derechos fundamentales y la viabilidad técnica de su implementación.
