Buscan reconocer en CDMX los efectos del cambio climático sobre las mujeres

El Congreso de la Ciudad de México recibió una iniciativa para reconocer la violencia climática en razón de género e incorporar este enfoque en la Ley Ambiental capitalina. La propuesta, presentada por legisladoras de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), plantea reformar los artículos 4 y 9 para visibilizar las desigualdades que enfrentan las mujeres ante la crisis climática.

La iniciativa fue suscrita por Xóchitl Bravo Espinosa, coordinadora del grupo parlamentario de Morena, y Yolanda Alicia López Martínez, integrante de la bancada del PVEM, quien expuso los argumentos ante el Pleno legislativo el 26 de octubre de 2026. El proyecto fue turnado a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género, para su análisis y dictaminación.

Durante la presentación, López Martínez sostuvo que el cambio climático no afecta de la misma manera a toda la población, debido a las desigualdades económicas y sociales que limitan la capacidad de adaptación de determinados sectores. Entre los grupos más expuestos mencionó a las mujeres rurales, campesinas e indígenas, así como a quienes asumen una mayor proporción de las tareas domésticas y de cuidados.

Uno de los principales argumentos de la propuesta es el impacto de la escasez de agua en la distribución del trabajo no remunerado. De acuerdo con la legisladora, las dificultades para acceder al recurso obligan a muchas mujeres a invertir más tiempo en su recolección, lo que reduce sus posibilidades de descanso, autocuidado, educación y empleo.

Como parte de su exposición, López Martínez citó cifras atribuidas a ONU Mujeres sobre el tiempo destinado a recolectar agua. Según los datos presentados, en 2020 las mujeres dedicaron alrededor de 200 millones de horas diarias a esta actividad en todo el mundo, cifra que habría aumentado a 250 millones en 2024. Estos datos fueron expuestos durante el debate legislativo y requieren contextualizarse con las publicaciones institucionales correspondientes para precisar su alcance y metodología.

La iniciativa también advierte sobre las consecuencias de la crisis climática en las condiciones económicas de las mujeres que dependen de la agricultura. La reducción de la producción de alimentos y semillas, así como la disminución de los ingresos, puede profundizar la precariedad de las trabajadoras del campo y limitar sus posibilidades de responder ante sequías y otros fenómenos ambientales.

Otro aspecto señalado fue la relación entre la falta de agua y la salud menstrual y reproductiva. La diputada indicó que las dificultades para acceder a servicios de agua y saneamiento afectan la higiene íntima, especialmente entre adolescentes y jóvenes de comunidades rurales, indígenas y urbanas con infraestructura insuficiente.

Durante su intervención, la legisladora también mencionó que el 62.9 por ciento de las mujeres enfrenta falta de tiempo para su bienestar o autocuidado, frente al 7.1 por ciento de los hombres. La cifra fue utilizada para ilustrar la desigual distribución de las responsabilidades cotidianas; sin embargo, su interpretación depende de la fuente estadística, la población estudiada y la definición utilizada para medir la carencia de tiempo.

En materia de desplazamiento, López Martínez señaló que las consecuencias del cambio climático podrían obligar a millones de personas a abandonar sus lugares de residencia y que las mujeres y la niñez figuran entre los sectores con mayores riesgos. La vulnerabilidad, explicó, está relacionada no sólo con los fenómenos naturales, sino también con las condiciones de pobreza, la falta de servicios y las barreras para acceder a recursos y oportunidades.

La propuesta busca que la legislación ambiental de la capital incorpore explícitamente esta dimensión de desigualdad. No obstante, su presentación no significa que las reformas hayan sido aprobadas ni que exista ya una nueva figura jurídica plenamente reconocida en la normativa local. Para determinar su alcance será necesario conocer el contenido definitivo de la iniciativa, el dictamen de las comisiones y, en su caso, las obligaciones concretas que se establecerían para las autoridades.

El proyecto abre una discusión sobre la relación entre política ambiental, igualdad sustantiva y acceso a servicios básicos. Su efectividad dependerá de que el reconocimiento legal se traduzca en medidas verificables, presupuesto, indicadores y acciones públicas que atiendan las diferencias en la exposición a los riesgos climáticos, particularmente en el acceso al agua, la salud, la seguridad alimentaria y los cuidados.

Fuente: Congreso de la Ciudad de México; ONU Mujeres, citada durante la exposición legislativa.