Por Juan Pablo Ojeda
La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, desmintió este miércoles las versiones que señalaban el resguardo del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, dentro del Palacio de Gobierno estatal. En un encuentro con medios de comunicación, la mandataria interina precisó que el funcionario se encuentra en su domicilio particular, invalidando los reportes sobre un despliegue logístico de seguridad extraordinario en la sede del Poder Ejecutivo local.
Bonilla aclaró que las versiones sobre la presencia de un helicóptero y drones destinados exclusivamente a la protección de Rocha Moya en las instalaciones gubernamentales carecen de sustento fáctico. La declaración surge tras la difusión de reportes que indicaban un confinamiento preventivo del mandatario con licencia dentro de las oficinas estatales ante el clima de seguridad que atraviesa la entidad federativa.
Respecto al estado físico y emocional del gobernador con licencia, la funcionaria estatal aseguró que Rocha Moya se encuentra en condiciones óptimas de salud. Con esta precisión, el gobierno interino descartó los rumores que sugerían un cuadro de depresión derivado de la solicitud de licencia al cargo y el contexto político-judicial que rodea su administración en meses recientes.
La estructura de seguridad de Rocha Moya, aunque no centrada en el Palacio de Gobierno, fue confirmada por el Ejecutivo Federal. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó durante su conferencia matutina que el mandatario cuenta con protección oficial tras una solicitud formal y un análisis de riesgos detallado que justificó la asignación de elementos de seguridad para salvaguardar su integridad física.
Desde una perspectiva técnica, la asignación de escoltas y protocolos de vigilancia responde a la evaluación de amenazas potenciales en territorio sinaloense. Sheinbaum enfatizó que el Estado tiene la responsabilidad de proteger la vida de cualquier ciudadano en situación de riesgo, principio que se aplica de manera institucional al gobernador que se encuentra actualmente separado de sus funciones.
El contexto de la licencia de Rocha Moya se vincula directamente con investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los informes internacionales relacionan a funcionarios de alto nivel en la entidad con presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas, vinculando operativamente a estructuras locales con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Finalmente, el registro histórico de la administración estatal indica que, a pesar de los señalamientos externos, la legitimidad de su mandato fue ratificada por los tribunales electorales. Los datos de la elección de 2021 no arrojaron pruebas suficientes de intervención delictiva que permitieran la anulación del proceso, manteniendo la validez jurídica de la gestión que hoy encabeza Bonilla de forma interina.
