Trabajadores del Poder Judicial toman el Senado: la batalla contra la reforma de AMLO

Por Bruno Cortés

Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación han levantado la voz, y no es para menos. Este grupo de servidores públicos ha irrumpido en el Senado, protestando contra la reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador. Pero, ¿de qué se trata esta reforma y por qué ha generado tanto ruido?

¿Qué propone la reforma?

La reforma, que ya se está debatiendo en el Senado, propone que a partir de 2025 los jueces, magistrados y hasta los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por votación popular. Esto suena democrático, ¿no? Pues sí, pero el problema que señalan los críticos es que podría afectar la independencia de estos jueces, quienes estarían más expuestos a influencias políticas y, posiblemente, menos enfocados en aplicar la ley sin presiones.

¿Por qué protestan los trabajadores del Poder Judicial?

Para entender la bronca de los trabajadores, hay que ponerse en sus zapatos. Actualmente, muchos de ellos siguen una carrera dentro del sistema judicial, lo que significa años de preparación y méritos para ir subiendo de nivel, como si fuera una escalera profesional. Con esta reforma, temen que ese esfuerzo se tire a la basura, ya que los cargos se definirían en elecciones y no por méritos. Como dijo Jorge Camargo, un exdirector del Consejo de la Judicatura: “Hay gente con 15 años de trabajo que podría perder la oportunidad de ser juez por no haber sido electo en una elección popular”.

¿Cuál es el argumento del presidente?

López Obrador defiende la reforma asegurando que es una respuesta al reclamo del pueblo mexicano por un sistema judicial más austero, justo y libre de influencias privadas. Según él, con esta medida, se logra acercar a los jueces al pueblo, permitiendo que los mexicanos elijan quién imparte justicia.

¿Qué sigue?

Las protestas siguen calentándose, y la discusión está lejos de terminar. Mientras tanto, el Senado está en pausa tras el ingreso de los manifestantes, y los legisladores deben encontrar una salida que concilie estas diferencias antes de que la reforma avance o sea rechazada.