Sinaloa entra en transición tras licencia indefinida de Rubén Rocha Moya
El Congreso estatal aprobó por unanimidad la nueva separación de Rubén Rocha Moya y abrió el procedimiento constitucional para elegir a un gobernador interino.
CULIACÁN, Sin.— Sinaloa entró en una nueva etapa de transición política luego de que el Congreso estatal autorizó la licencia temporal e indefinida solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya.
La Diputación Permanente avaló la petición con el voto unánime de sus nueve integrantes y ordenó turnar el asunto a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.
Ese órgano deberá formular las propuestas para cubrir de manera interina la titularidad del Poder Ejecutivo y remitirlas al pleno para su discusión.
La elección se realizará dentro de un periodo extraordinario, en el que las y los legisladores deberán votar el nombramiento y, en su caso, tomar protesta a la persona designada.
La licencia llega después del breve retorno de Rocha Moya a la gubernatura, anunciado el viernes 21 de agosto tras 112 días de ausencia.
El mandatario sostuvo al reincorporarse que no existían elementos mínimos para atribuirle una conducta penal, mientras distintas fuerzas políticas señalaron que las investigaciones debían continuar sin interferencias.
Después de las críticas a su regreso, Rocha Moya remitió una segunda solicitud para separarse por más de 30 días y dejó abierta la duración de la licencia.
Con la aprobación legislativa, el centro de la decisión se desplaza ahora al Congreso de Sinaloa, que deberá resolver quién garantizará la continuidad del gobierno estatal.
El procedimiento no concluyó con la licencia: la comisión correspondiente debe elaborar un dictamen y el pleno tendrá que pronunciarse sobre las propuestas presentadas.
Por ello, aún no puede darse por electa a ninguna persona como gobernadora o gobernador interino hasta que se complete la votación prevista en el marco constitucional.
La transición ocurre en un contexto de alta tensión política y de escrutinio público sobre las decisiones de Rocha Moya y la respuesta de las instituciones locales.
El Congreso enfrenta ahora la responsabilidad de conducir un relevo con legalidad, transparencia y certeza para la ciudadanía, al tiempo que la administración estatal mantiene la operación de sus servicios.
