Sheinbaum minimiza informe de EE. UU. pero activa vigilancia en Mexicali
Gobierno de México reacciona a alerta diplomática de EE. UU. en Mexicali sin confirmación oficial propia sobre la amenaza.
Por Juan Pablo Ojeda
El Gobierno de la República reaccionó este martes ante la decisión unilateral del Departamento de Estado de Estados Unidos de suspender sus operaciones oficiales en Mexicali por presuntas amenazas del crimen organizado. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que existe un despliegue de vigilancia en el municipio, admitió que México no ha validado la veracidad ni el origen específico de la información recabada por las agencias norteamericanas.
La alerta diplomática divulgada por el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana restringió los desplazamientos de funcionarios de ese país hacia la capital de Baja California, evidenciando nuevamente la falta de homologación en el diagnóstico de riesgo entre ambas naciones. El gabinete de seguridad mexicano se vio obligado a reaccionar a una advertencia emitida externamente, sin contar con un parte informativo propio de similar gravedad.
Durante su comparecencia matutina, Sheinbaum Pardo sostuvo que las alertas emitidas por embajadas y consulados responden a protocolos internos de Estados Unidos basados en la información que procesan sus agencias de inteligencia. Sin embargo, la mandataria evitó calificar el nivel de la amenaza y enfatizó que el trabajo de las fuerzas armadas mexicanas se concentra en la prevención en territorio nacional.
Este evento ocurre en medio de un clima de escrutinio sobre la efectividad de las políticas de pacificación en los estados del norte del país. Las decisiones preventivas adoptadas por el gobierno estadounidense suelen interpretarse como una crítica implícita a la capacidad de respuesta y contención de las autoridades locales mexicanas en municipios de alta volatilidad operativa.
La falta de precisión pública sobre si la amenaza se dirige contra instalaciones consulares, personal oficial o la población civil en general refleja los sesgos de reserva con los que opera el intercambio de inteligencia transfronteriza. Las agencias de Estados Unidos emitieron la restricción directamente a su personal sin presentar previamente un expediente comprobatorio conjunto ante la Fiscalía General de la República.
Organizaciones civiles e integrantes del sector empresarial en Mexicali han cuestionado que las alertas consulares generen un impacto económico y reputacional sin que la autoridad mexicana transparente si existen investigaciones en curso. La opacidad respecto a qué grupo delictivo generó el reporte mantiene en incertidumbre el alcance real de la vulnerabilidad en el municipio.
La Jefa del Ejecutivo concluyó que la soberanía en la toma de decisiones de seguridad está garantizada y que la presencia militar y policial en Mexicali atiende a la responsabilidad del Estado mexicano de velar por sus ciudadanos, al margen de los avisos preventivos expedidos por gobiernos extranjeros
