Sheinbaum descarta tintes políticos en detención del exgobernador Ernesto Ruffo
La presidenta afirma que el proceso contra Ernesto Ruffo responde a investigaciones de la FGR y no a una persecución de opositores.
Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró esta mañana que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, carece de motivaciones políticas, atribuyendo el operativo exclusivamente a la ejecución de órdenes de aprehensión libradas por el Poder Judicial a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR). Durante su conferencia matutina, el Ejecutivo federal subrayó que la carpeta de investigación se sustenta en evidencias técnicas y no en directrices emitidas desde Palacio Nacional.
El proceso judicial contra Ruffo se enmarca en la desarticulación de una red de sustracción ilegal de hidrocarburos mediante el uso de infraestructura ferroviaria, un caso que la FGR ha documentado durante los últimos 18 meses. Según los datos aportados por la fiscalía, la red operaba declarando únicamente el 10% del volumen real de combustible transportado, generando un desfalco mensual estimado en 120 millones de pesos al erario federal.
Sheinbaum enfatizó la autonomía de la FGR, indicando que las diligencias, cateos y arrestos vinculados a esta red de macrocriminalidad energética son resultado del cruce de datos fiscales y bitácoras de transporte. La mandataria reiteró que el Ministerio Público Federal tiene la obligación legal de proceder contra cualquier individuo, independientemente de su historial o afiliación partidista, cuando existan pruebas de daño al patrimonio del Estado.
En términos procesales, el exmandatario estatal se encuentra a disposición de un juez de control federal, quien determinará su situación jurídica en un plazo constitucional de 72 horas, ampliable a 144. La defensa de Ruffo tendrá acceso a la totalidad de las fojas que integran el expediente para presentar los alegatos correspondientes durante la audiencia inicial de formulación de imputación.
La Presidencia de la República presentó métricas de la estrategia nacional contra el robo de combustible, argumentando que la detención es parte de una política de Estado que ha logrado judicializar 45 casos de alto perfil en el último año. Estas cifras buscan respaldar la versión oficial de que no existe una focalización hacia figuras específicas de la oposición, sino un barrido general en los sectores energéticos estratégicos.
El gobierno federal insistió en que el flujo de información sobre el caso se mantendrá por los canales judiciales pertinentes, evitando juicios de valor desde el Ejecutivo. Se garantizó que el debido proceso será respetado y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actuará únicamente como coadyuvante en el rastreo de los activos ilícitos detectados.
Finalmente, la administración central hizo un llamado a evitar la especulación mediática y a permitir que los tribunales evalúen la contundencia de las pruebas forenses y contables presentadas por la fiscalía especial, manteniendo la separación de poderes como eje central del caso.
